La Ley Silla entra oficialmente en vigor a partir de este domingo, una vez concluido el plazo de 180 días otorgado a los empleadores para adecuar sus centros de trabajo.
Desde ahora, las empresas están obligadas a proporcionar un número suficiente de sillas con respaldo para que las y los trabajadores puedan tener descansos periódicos durante su jornada laboral.
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📢 La Ley Silla obliga a empleadores a dar asientos con respaldo a quienes laboran de pie, para prevenir riesgos y enfermedades laborales y tienen hasta el 14 de diciembre para cumplir con los lineamientos establecidos.
— Secretaría del Trabajo y Previsión Social Guerrero (@STyPSGuerrero) December 11, 2025
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Ley Silla: un cambio clave para la salud laboral
La coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, señaló que su bancada dará seguimiento al cumplimiento de la norma y subrayó que se trata de un avance histórico en materia de derechos laborales, particularmente para sectores como el comercio, la seguridad privada, los restaurantes y los servicios de atención al cliente.
Ivonne Ortega recordó que ya no existen pretextos para incumplir la disposición, ya que el periodo de adaptación concluyó. La Ley Silla busca atender una problemática que afecta a millones de personas que desempeñan sus funciones de pie durante largas horas, sin periodos adecuados de descanso.
De acuerdo con cifras del Inegi, al menos tres millones de trabajadores en México laboran en actividades que requieren permanecer de pie la mayor parte del tiempo, lo que puede derivar en afectaciones físicas a mediano y largo plazo.
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¿Qué riesgos busca prevenir la nueva legislación?
La reforma tiene como objetivo principal proteger la salud física de las y los empleados. Entre los padecimientos asociados a jornadas prolongadas sin descanso se encuentran la insuficiencia venosa, la aparición de várices, lesiones en rodillas, hemorroides y fascitis plantar.
Las empresas que incumplan la Ley Silla podrán enfrentar sanciones económicas que van de 250 a 2,500 veces la UMA y, en caso de reincidencia, la suspensión temporal de actividades, de acuerdo con la legislación vigente.