Conducta de impartidores de justicia debe ser intachable, señala el Poder Judicial

El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo inició una investigación administrativa contra el juez Jonathan “N”, por hechos presuntamente relacionados con violencia contra una mujer, registrados el pasado 24 de diciembre en el municipio de Benito Juárez.

La investigación deriva de una denuncia anónima recibida el 26 de diciembre de 2025 a través del sistema electrónico institucional, la cual fue sustentada con imágenes difundidas en redes sociales que evidenciarían una agresión.

Denuncia refiere hechos ocurridos en zona residencial

De acuerdo con la información oficial, la denuncia hace referencia a un hecho ocurrido durante las primeras horas del 24 de diciembre.

Ocurrió en una zona residencial al sur de la ciudad, donde presuntamente estuvieron involucrados un servidor público del Poder Judicial y una mujer.

El Poder Judicial precisó que esta denuncia fue tomada como base para activar los mecanismos institucionales de investigación, conforme a la normatividad vigente.

Solicitan suspensión temporal como medida cautelar

Con el objetivo de garantizar una investigación responsable, transparente y con apego a la ley, el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas inició las diligencias correspondientes y solicitó al Tribunal de Disciplina Judicial la aplicación de una medida cautelar.

Dicha medida consiste en la suspensión temporal de funciones del juzgador, como una acción preventiva para proteger el interés público, mientras se esclarecen los hechos y se integran los elementos necesarios para la eventual acusación, conforme a lo que establece la ley.

Cero tolerancia a conductas contrarias a la ética judicial

El Poder Judicial del Estado reiteró que la conducta de quienes imparten justicia debe ser intachable, tanto dentro como fuera de los tribunales, sin limitarse a horarios laborales, y en coherencia con el compromiso permanente con la sociedad.

Asimismo, subrayó que no se tolerarán conductas que contravengan la ética, la legalidad y el profesionalismo que exige la función judicial.