La Dirección Municipal de Asuntos Sociales (DMAS) denunció presuntas irregularidades y falta de transparencia por parte de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), luego de que esta dependencia impugnara una suspensión provisional relacionada con un proceso urbano que, aseguran, se presenta como una modificación menor, pero que en los hechos podría tratarse de una relotificación encubierta.
Impugnación a la suspensión provisional
De acuerdo con un comunicado interno de la DMAS, existe una queja formal tanto de la Presidencia Municipal como de Sedetus, en la que ambas instancias buscan revertir una suspensión provisional que actualmente frena el avance del procedimiento.
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El punto central del conflicto radica en la legalidad y transparencia del proceso seguido por la dependencia estatal, particularmente en lo referente al sustento técnico y normativo de la actuación administrativa.
Dictamen de congruencia que no aparece
La DMAS sostiene que Sedetus habría emitido un dictamen de congruencia para avalar la supuesta modificación al Programa de Desarrollo Urbano (PDU). Sin embargo, dicho documento no fue anexado a la respuesta oficial entregada por la Secretaría.
“Resulta que parece que sí dio un dictamen de congruencia para esa ‘relotificación’ vestida de modificación de Programa de Desarrollo Urbano, pero no lo adjunta a su respuesta”, señala la DMAS.
Señalan opacidad en el manejo de información pública
Para la autoridad municipal, esta omisión refuerza una práctica recurrente de opacidad institucional, pese a los discursos oficiales que aseguran procesos abiertos y transparentes.
Desde la DMAS advierten que la falta de acceso a documentos clave impide verificar si el procedimiento cumple con la normatividad urbana vigente y con los principios de legalidad, rendición de cuentas y participación institucional.
Un tema sensible en el desarrollo urbano
La controversia se da en un contexto donde los cambios al uso de suelo y a los programas de desarrollo urbano tienen impactos directos en el crecimiento ordenado del territorio, la planeación ambiental y la certeza jurídica de ciudadanos e inversionistas.
Hasta el momento, Sedetus no ha hecho pública una postura detallada que explique la ausencia del dictamen ni aclare los criterios técnicos utilizados para sustentar su actuación.