Durante más de 25 años dedicado al derecho en Cancún, desde la academia en diversas universidades, en el litigio ーprincipalmente en materia federal por las materias de propiedad industrial y los derechos de autor que nos llevaban de la mano a las ramas del derecho administrativo y penal por temas de falsificación y pirateríaー, en la asesoría corporativa de hoteles para integrar activos intangibles o llevar los acuerdos con sociedades de gestión colectiva y, por último, en la asesoría y construcción de proyectos en materia de técnica legislativa, he visto de todo.

He sido testigo de cómo las iniciativas de reformas que he presentado se acumulan en un gran gusano negro (sin alusiones) en el que desaparecen, se desvanecen y se quedan congeladas en el tiempo, violentándose el proceso legislativo una y otra y otra vez sin que pase nada, tal como ha pasado en los congresos desde que el PRI los conformó y ahora que sus pupilos los administran.

He sido testigo, incluso, de cómo un asunto penal de piratería de un libro realizado por un expresidente municipal se diluye en la entonces PGR por motivos hasta hoy inexplicables. He podido ver que la secuencia de los números de días y horas no siempre son lógicas cuando se trata de computar la prescripción del delito de uso indebido de obras protegidas por el derecho de autor si el probable responsable es un rector cercano a Borge.

Han desaparecido mágicamente nombres de las carpetas de investigación de invasiones masivas en asuntos de despojo, cuando se trata de políticos en campaña en donde, hasta se sustituyen los acuerdos al darme cuenta de que, los que salen en mis fotos ya no son los que están en el expediente aun cuando coinciden las mismas firmas y números de folios, solo se desvanecen los nombres de aquellos diputados de entonces. Y en algunos casos, el argumento era la falta de tóner. 

Acuerdos van y acuerdos vienen, ya sea por ser políticos de momento y saber que les deben un favor, o por la imperiosa lucha entre la “renovación moral” de Miguel de la Madrid contra “simplificación administrativa” de Salinas. Hacer las cosas como se deben, o agilizar el trámite siempre que exista esa enorme aportación voluntaria para comprar más tóner, claro está.

De todo se puede ser testigo cuando uno navega en el derecho. Sin embargo, pocas cosas pueden darle tanta repulsión a un abogado como el saber que un abusador sexual de una niña de 11 años ha quedado libre por la torpeza, incompetencia, falta de capacidad y total estupidez de un juez recientemente electo.

Después de meses de acompañamiento para poder coordinar a la fiscalía con todo y su gasolina, para que se pudiese dar con el abusador sexual y detenerlo en la maroma para trasladarlo a su nueva morada en la cárcel de Cancún. Después de un trabajo largo y pulcro de la fiscalía en ir armando el expediente con las pruebas materiales contundentes para ese delito cometido en contra de una niña. Viene el incompetente. 

Y esta incompetencia se acrecienta cuando el ministerio público exhibe las pruebas de médicos, psicólogos, testigos y del acompañamiento oficial que se le da a una menor de edad que ha sido abusada sexualmente por varias semanas. Pruebas en estricto sentido suficientes al contar con los dictámenes de la pediatra que son por demás desgarradores.

Sin embargo, el juececito incompetente determinó sobreseer el juicio y dejar que el agresor regresara a su libertad y evidentemente a evadirse. Caray. Nada que decir, ante la necedad de legisladores que aprueban reformas como esta sin saber el daño que se ocasiona a la sociedad en su conjunto. Pero hay mucho por hacer en lo legal, pero también para mover al universo e impulsar que ese karma le llegue rápido al incompetente. 

Lo que es urgente además de la obligación del fiscal de apelar, es denunciar al juez. Porque supongo que éste incompetente no va a estar al tanto de que el violador no regrese por la niña, o del apoyo psicológico o de evitar que la golpee o lesione la próxima vez. Una incompetencia en el poder judicial se debe pagar caro en tribunales y para eso nos rentamos también muchos abogados.

Y no tiene la culpa el indio, sabemos que es abogado y tiene una maestría en fiscal. Pero el derecho fiscal y los delitos sexuales contra personas menores de edad, con cómo es como los romanos y los galos. Están relativamente cerca, pero no tienen nada que ver. Señor juez, si eres fiscalista porqué carajos aceptaste ser juez de control penal. Lo más honroso sería renunciar antes que se dañen más niñas.

Así que, mientras vemos que pasa con el juez y buscamos más de sus incompetencias, la vida seguirá como siguen las cosas que no tienen mucho sentido en el poder judicial local.

HAN