Certifican a personal de la FGE contra la extorsión.
En la FGE se llevó a cabo el Curso Especializado Multidisciplinario para la Prevención y Sanción del Delito de Extorsión. Credit: Cortesía / FGE

La extorsión se mantiene como uno de los delitos de mayor impacto en Quintana Roo, por lo que la Fiscalía General del Estado reforzó la preparación de su personal con un curso especializado dirigido a 181 servidores públicos.

Asimismo, policías de investigación, peritos, fiscales y ministerios públicos participaron en la capacitación enfocada en prevención, investigación y sanción.

Expertos impartieron el Curso Especializado Multidisciplinario para la Prevención y Sanción del Delito de Extorsión, el cual fue clausurado de manera oficial.

Extorsión: fortalecen capacidades institucionales en Quintana Roo

El fiscal general, Raciel López Salazar, subrayó que la extorsión afecta a sectores como restaurantes, construcción y empresarios, además de poner en riesgo a familias enteras.

Destacó que fortalecer la confianza ciudadana y fomentar la denuncia es clave para enfrentar este ilícito.

Durante tres días, especialistas compartieron herramientas jurídicas y operativas para mejorar la respuesta ante este delito. Los instructores fueron:

  • Rommel Moreno Manjarrez, Coordinador General del Proyecto Combate la Impunidad en el Estado de Quintana Roo Contra el Delito de Extorsión.
  • Leticia Aguiar, Coordinadora de la Implementación del Sistema Antiextorsión de la Fundación México S.O.S.
  • Ma. del Carmen Holguin, Instructora Representante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
  • Patricia González Rodríguez, Instructora Representante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Estrategia estatal contra este delito

Como parte de las acciones contra la extorsión en Quintana Roo, la Fiscalía reportó:

  • 291 extorsionadores detenidos.
  • 92% vinculados a proceso.
  • 24 sentencias condenatorias.
  • Penas de hasta 37 años de prisión.

Autoridades señalaron que la entidad cuenta con una estrategia local y un marco legal que la colocan a la vanguardia nacional.

Además, se entregaron constancias a los participantes como parte del fortalecimiento institucional para proteger a las víctimas y garantizar procesos sólidos ante los tribunales.