Ecuador arrancará una nueva ofensiva de seguridad contra las bandas del narcotráfico con operativos de 15 días y apoyo de Estados Unidos, en medio de toques de queda focalizados en las zonas más afectadas por la violencia.
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Ecuador endurece su estrategia contra el crimen organizado
La medida, impulsada por el gobierno de Daniel Noboa, busca golpear estructuras criminales en territorios clave para el tráfico de droga y reducir el impacto de los grupos armados sobre la población civil.
El plan comenzará la noche del domingo 15 de marzo y se extenderá hasta la mañana del 31 de marzo, con restricciones de movilidad entre las 23:00 y las 05:00 horas. El ministro del Interior, John Reimberg, adelantó que la operación contará con asesoramiento y respaldo logístico de Washington, aunque el gobierno ha mantenido bajo reserva los detalles del despliegue.
Las provincias donde aplicará el toque de queda son
- Guayas
- Los Ríos
- Santo Domingo de los Tsáchilas
- El Oro
La nueva fase de seguridad llega en un contexto de fuerte presión criminal. Ecuador se ha convertido en una de las principales rutas de salida de droga hacia mercados internacionales, pese a no ser productor de cocaína.
Su ubicación entre Colombia y Perú, además de la expansión de redes delictivas, ha disparado los niveles de homicidios y extorsión en los últimos años.
Durante el horario restringido solo podrán circular viajeros con boleto aéreo, personal de salud y servicios de emergencia.
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Ecuador apuesta por cooperación internacional
La decisión ha generado inquietud entre trabajadores nocturnos, transportistas y comercios que dependen de actividades fuera del horario diurno.
La ofensiva también refuerza la alianza de Quito con Washington en materia de seguridad. En los últimos días, ambos países avanzaron en cooperación operativa y en la instalación de una oficina del FBI en Ecuador, mientras continúan las acciones conjuntas de inteligencia y entrenamiento.
El gobierno de Noboa sostiene que estas acciones son necesarias para contener a las mafias, aunque sectores sociales y organismos de derechos humanos observan con preocupación posibles excesos durante los operativos.
Finalmente, la apuesta oficial es clara: recuperar el control territorial en las provincias más golpeadas por el narco.
