Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo, encabezó la firma de un convenio interinstitucional sin precedentes para detener la deforestación de la Selva Maya.
Esta alianza, que integra a la Profepa, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional (RAN), busca frenar el cambio ilegal de uso de suelo y el acaparamiento de tierras que ha devastado más de 1.1 millones de hectáreas en la Península de Yucatán.
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"Buscamos cerrar los vacíos legales que permiten la destrucción de nuestro patrimonio natural", afirmó la mandataria, destacando que en Quintana Roo se han perdido 250 mil hectáreas de selva en las últimas dos décadas, principalmente en municipios como Bacalar, Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto.
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Cero regularización a predios deforestados
Una de las medidas más drásticas del acuerdo establece que cualquier terreno desmontado sin autorización no podrá ser legalizado ni utilizado para cambios de uso de suelo. Con esto, las autoridades eliminan el incentivo económico detrás de la tala ilegal. La titular de Profepa, Mariana Boy Tamborrell, informó que en los últimos meses ya se han clausurado 58 predios, sumando 10 mil hectáreas aseguradas.
El reto agrario: 84% del territorio bajo la lupa
El procurador agrario, Víctor Suárez Carrera, subrayó que el 84.3% de Quintana Roo es propiedad social (ejidos y comunidades).
También, alertó sobre casos críticos de acaparamiento donde apenas 13 personas concentran cerca de 40 mil solares urbanos.
Esta situación, dijo pretende erradicarse con este convenio, mediante un intercambio de información en tiempo real entre dependencias.
Nuevas oficinas y control ejidal
Para fortalecer la vigilancia, la Procuraduría Agraria incrementó sus centros de atención en el estado, pasando de 2 a 17 oficinas.
Además, se reportó una reducción drástica en las asambleas ejidales para cambio de uso de suelo, bajando de 299 en 2024 a solo 118 en el último año, reflejando un control más estricto sobre el territorio.
