Reformas de cartón
El diputado plurinominal Jorge Sanén Cervantes vuelve a mostrar su estilo de política superficial con la reforma a la Ley de Profesiones. Presentada por él como un avance en igualdad e inclusión, en realidad se reduce a cambios de lenguaje que poco impactan en la vida cotidiana de los profesionistas.
Mientras Quintana Roo enfrenta problemas estructurales en movilidad, seguridad y transparencia, Sanén Cervantes se refugia en iniciativas de bajo costo político que le permiten posar como legislador progresista sin tocar los temas de fondo.
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Modernizar leyes no es sólo cambiar palabras, es garantizar condiciones reales de ejercicio profesional y certidumbre jurídica. La ciudadanía necesita soluciones concretas, no discursos vacíos que disfrazan la falta de visión y compromiso de un diputado que parece más preocupado por su imagen que por transformar el estado. ¿Será?
Rumbo claro hacia Quintana Roo
La inminente renuncia de Rafael Marín Mollinedo a la dirección de la ANAM confirma lo que ya era un secreto a voces: su mirada está puesta en Quintana Roo.
Su llegada como delegado regional de Gobernación en Mérida le permitirá mantener presencia federal mientras fortalece vínculos en el Caribe, desde Holbox hasta La Unión. Este movimiento no sólo lo acerca territorialmente, sino que lo posiciona estratégicamente en la antesala de la contienda interna de Morena rumbo a 2027.
Marín Mollinedo, con experiencia en proyectos de gran calado y reconocimiento nacional, encarna la posibilidad de un liderazgo sólido y cercano a la gente. Su trayectoria y capacidad de gestión lo convierten en un aspirante con peso real, capaz de articular desarrollo y gobernabilidad en un estado que exige visión y compromiso. ¿Será?
Legislatura corta de miras
La XVIII Legislatura de Quintana Roo se equivocó al desechar la iniciativa que buscaba reconocer el derecho a la propia imagen en el Código Civil. Este derecho, derivado de la dignidad humana, está respaldado por la Constitución en su artículo 1º —que prohíbe toda forma de discriminación— y por tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protege la intimidad y la identidad personal.
Ignorar la necesidad de regular la captación y difusión de imágenes en la era digital es cerrar los ojos a un problema real: el uso indebido de fotografías y videos que vulneran honor, reputación y privacidad.
La Comisión de Justicia redujo el debate a un tecnicismo, dejando desprotegidos a los ciudadanos frente a abusos cotidianos. En lugar de fortalecer garantías, archivaron un derecho fundamental que equilibra libertad de expresión con protección de la persona. Un retroceso legal injustificable. ¿Será?