Las cifras sobre personas desaparecidas en Quintana Roo presentan inconsistencias entre autoridades estatales y registros nacionales.
La discrepancia en cifras continúa siendo uno de los principales obstáculos para atender de manera integral la problemática, aseguran organizaciones como Siempre Unidas. Credit: Especial

Las cifras sobre desaparecidos en Quintana Roo mostraron inconsistencias entre autoridades estatales y registros nacionales, lo que generó preocupación entre colectivos de familiares al advertir que no es posible dimensionar con precisión el problema.

Desaparecidos: diferencias entre registros oficiales

La falta de coincidencia en datos y la escasa información pública actualizada complicaron el seguimiento de los casos.

Mientras la Fiscalía General del Estado sostuvo que el 95% de las personas reportadas son localizadas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas reflejó un panorama distinto. Al corte del 6 de abril, se reportaron 45 personas no localizadas de 138 casos en 2026, aunque la plataforma nacional acumuló 122 registros activos de distintos periodos.

La disparidad en los desaparecidos se amplió al revisar los mecanismos de búsqueda. La Fiscalía emitió 71 reportes del Protocolo Alba y 30 fichas para hombres, mientras que la Comisión de Búsqueda estatal generó 340 cédulas.

Esta diferencia evidenció fallas en la sistematización de datos y limitó conocer el estatus real de cada caso.

Autoridades reportaron avances, pero sin cifras claras

La titular de la Comisión de Búsqueda, Haydé Saldaña, informó que tras una revisión interna se analizaron 60 fichas, de las cuales entre 47 y 50 personas fueron localizadas, mientras algunos expedientes siguieron abiertos.

Por su parte, el fiscal Raciel López atribuyó la mayoría de los casos a conflictos familiares o ausencias voluntarias, principalmente en jóvenes.

Colectivos advierten subregistro y falta de transparencia

Colectivos como Siempre Unidas documentaron desde 2022 la desaparición de 328 mujeres, niñas y adolescentes en el estado.

Señalaron que la coexistencia de distintas bases de datos provoca duplicidades o subregistros.

Además, advirtieron que la falta de reportes actualizados desde 2025 limita la transparencia y dificulta diseñar políticas públicas efectivas para atender la problemática.