La divisa del poder
Por: Adrián Trejo
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La elección del próximo presidente del PRI comenzó mal, con cierto tufo a azufre.
Los bloques quedaron divididos, y hasta que no se sume otro militante de peso, así se correrá la carrera: en una esquina, apoyado por la nomenclatura del partido, el ex rector de la UNAM, José Narro Robles, y en la esquina contraria, el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno.
El resto de los aspirantes serán comparsas.
Pero dentro del grupo que quiere, pero sabe que no puede destaca el nombre del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz.
Conocido mapache electoral de fines de los ochenta y los noventa, Ruiz se presenta como una solución de los problemas del PRI cuando él mismo resulta impresentable.
Ruiz gobernó Oaxaca de 2004 a 2010, con saldos políticos y financieros que aún no liquida.
En 2006 ordenó el desalojo de maestros y comerciantes de la plaza central de Oaxaca que tenían casi un año en paro; la decisión le costó acusaciones de represión y hasta de desaparición de algunos protestantes.
Pero no fue sino hasta marzo de 2016 cuando una Comisión de la Verdad, creada en el estado para investigar esos hechos, lo encontró culpable.
Antes, en 2011, la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca interpuso una demanda penal en su contra por enriquecimiento ilícito y peculado estimado en siete mil millones de pesos.
Ese mismo año quedó en evidencia luego de que se publicara que el hospital SEDNA, ubicado en el 5268 de Periférico, es de su propiedad.
Ruiz fue enviado como “delegado especialÔÇÖÔÇÖ del CEN del PRI a Quintana Roo, supuestamente para operar las elecciones de 2016.
Fue un fracaso total.
Una grabación de audio dio cuenta de cómo Ruiz y el entonces delegado de la Sedesol, Fabián Vallado, por órdenes de Roberto Borge, conspiraron para descarrillar a Carlos Joaquín González, quien aspiraba a la candidatura del PRI.
Cuatro días más tarde, en febrero de 2016, Joaquín renunció al PRI y hoy es el gobernador del estado; Ruiz ni siquiera completó el periodo electoral, pues dado el tiradero que dejó en el estado, en complicidad con Borge, fue relevado por el tabasqueño Manuel Andrade.
Su paso por el Gobierno de Oaxaca dejó una estela de corrupción, como el caso de su secretario de Finanzas, Miguel ángel Ortega Habib, prófugo de la justicia, por cierto, que tenía depositados, nada más, dos mil 400 millones de pesos en las cuentas bancarias de sus familiares.
El caso reventó cuando su trabajadora doméstica fue a depositar a una cuenta suya, por órdenes de Ortega, ocho millones de pesos.
Ruiz sabe que no llegará, jamás, a la presidencia del PRI, pero ha servido para hacerle el trabajo de plomería a otro precandidato.
El oaxaqueño es el que pide en cada entrevista castigar a Peña y su grupo por el “daño que le hicieron al PRIÔÇÖÔÇÖ con sus actos de corrupción.
Por eso mismo él no será, por muy buen plomero que resulte.
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Conforme transcurre el tiempo, parece que las horas de la comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, Alejandra Palacios Prieto, al frente del organismo, están contadas.
No sólo diputados y senadores, sino ahora el propio López Obrador criticó los recurrentes conflictos de interés en los que ha incurrido Palacios Prieto, desde proteger las concentraciones del mercado, como el caso Disney-Fox, y por realizar opiniones personales como funcionaria para criticar la competencia financiera.
El mandatario señaló que Alejandra Palacios hizo mal, y que, aunque el organismo de la Cofece es autónomo, se tiene derecho a señalar ciertas cosas.
A ver.