Mientras que el Congreso de Quintana Roo gastó en 2020 unos 98 millones de pesos en ayudas sociales, para el programa contra la violencia de género se presupuestaron apenas 3.5 millones de pesos, un desequilibrio inaceptable, afirmó Raúl Cazares, del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
En 2020, el Congreso gastó uno de cada cinco pesos en ayudas sociales, cuando esta no es la función que le corresponde, reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
El gasto que realizaron los diputados equivale al 20% de su presupuesto, de acuerdo con el instituto.
Raúl Cazares destacó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo (Ceaveqroo) se le asignó en 2020 un presupuesto de 29 millones de pesos, tres veces menor a las ayudas sociales.
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"El principal problema es que el otorgamiento de ayudas directas es ajena, excede y contraría las funciones constitucionales del Poder Legislativo", enfatizó.
Explicó que ese gasto (ayudas directas) se pone a disposición de cada uno de los integrantes de la legislatura para que estos decidan unilateralmente su destino y sus posibles beneficiarios.
Informó que en ninguna de las 55 fracciones del Artículo 75 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, mediante el cual se establecen las facultades del Legislativo, se encuentra la atribución para otorgar "ayudas sociales" directas a la población.
"Estamos ante una situación de autoasignación de funciones administrativas, lo cual viola la división de poderes, contraría la Constitución y, además, viola al menos un derecho humano y tres constitucionales: a vivir en un ambiente libre de corrupción, a la igualdad y no discriminación, a la buena administración de los recursos públicos y al de la transparencia y el acceso a la libre información", detalló.
Sobre este último hizo énfasis, pues aunque el Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
establece que, en caso de "apoyos", el ente debe disponer de información relativa al diseño, objetivos, alcances, mecanismos de evaluación, reglas de operación y padrón de beneficiarios, el Congreso sistemáticamente ha incumplido.
"La indefinición de la población objetivo como destinatario de la ÔÇÿayuda socialÔÇÖ, además de propiciar la arbitrariedad, da mayor posibilidad de acceder a esos recursos a quienes tengan mayor capacidad de cabildeo o lobby, mayor capacidad de presión política o a las prácticas de clientelismo", apuntó en un amparo interpuesto.
Ante una solicitud de información en la que se pidió el padrón de beneficiarios, la Unidad de Transparencia respondió con documentos testados en el que es imposible ver los nombres.
Ricardo Hernández