Eugenio Pacheco
CANCÚN, Q. Roo.- En espera de que los diputados del Congreso local aprueben las reformas a la ley de alcoholes, consensuadas con representantes empresariales del ramo, desde la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) se analiza la forma de apoyar a determinados sectores.
La titular de la dependencia, Yohanet Torres Muñoz, dio a conocer que en ese análisis se toma en cuenta los diferentes problemas y escenarios de los establecimientos en cada uno de los municipios.
En el sur del estado se ha manifestado la necesidad de mantener horarios más flexibles porque la dinámica señala que las operaciones son a partir de las diez de la noche, apenas unas horas antes de cerrar, según la ley vigente.
Por ello, en la reglamentación secundaria que el Gobierno deberá emitir para la ejecución de la ley de alcoholes, se buscará establecer criterios que no afecten las operaciones y la economía de los empresarios y sus establecimientos.
Torres Muñoz aclaró que la normativa no puede definir horarios específicos para algunas zonas, pero desde el reglamento podrán ejercer la facultad de regionalizar los requerimientos de los comerciantes.
Dijo que las reformas planteadas ante el Congreso, y que están por aprobarse, definirán los itinerarios y requerimientos de seguridad para los giros con venta de cerveza y bebidas con alcohol, y de ahí podrán arrancar para avanzar en la multicitada reglamentación secundaria.
Aseguró que la propuesta para modificar la ley de alcoholes se basa en la serie de sugerencias que los inversionistas del ramo presentaron, entre ellas el asunto de los horarios ordinarios y extraordinarios de venta, mecanismos de seguridad, cancelación de patentes, entre otros temas.
Sin embargo, los del ramo consideran que la ley de alcoholes actualmente solo favorece a las grandes empresas, lo que les representa competencia desleal.
Además, les ha generado incertidumbre sobre los nuevos requisitos, la reclasificación de los giros y la regulación enérgica de los horarios que consideran obstaculizan y encarecen los trámites, además de que los obliga a realizar inversiones y gastos para cumplir los requerimientos legales.
Además, al menos 40 empresarios han solicitado el amparo del Poder Judicial de la Federación contra la mencionada ley.
Consideran que en ella no se tomó en cuenta la precaria situación económica que prevalece en la zona sur del estado, a diferencia del norte; además de que ni los diputados ni las autoridades les han explicado de qué se tratan dichas modificaciones a la ley.