Por Redacción
CANCÚN, Q. Roo.ÔÇô El gobierno municipal combate la trata desde todos sus frentes, destacó la alcaldesa Mara Lezama durante su participación en la conferencia La trata y las diversas formas de explotación de personas, impartida por la activista social, promotora y defensora de los Derechos Humanos, Rosy Orozco.
Ante los asistentes, reconoció que éste es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, amparado por el incumplimiento de protocolos internacionales en la materia y cambios constantes en las estructuras delictivas.
Lamento que, según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en México se registran entre 15 y 20 zonas con una alta incidencia en la comisión de este delito, que genera ganancias por más de 36 mil millones de dólares, y es superado únicamente por el narcotráfico y el negocio de armas.
Destacó que ya se identificaron cuatro rutas para llevar a cabo los ilícitos, que tienen mayor incidencia en ciudades como Tijuana, Cancún, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, y Acapulco.
Aseguró que en Cancún el turismo sexual y la pederastia son parte de la realidad, por ello, recientemente firmó el pacto de protección de niñas, niños y adolescentes en el sector de los viajes y el turismo; sin embargo, se requiere que los tres órdenes de gobierno, la sociedad y organismos internacionales coordinen esfuerzos para erradicar este flagelo.
“Tenemos la voluntad política y el compromiso de brindar todo lo que esté a nuestro alcance para fortalecer la prevención y sanción en contra de la trata de personas, así como la debida atención que requieran las víctimas”, concluyó.
En la conferencia estuvieron presentes: Óscar Montes de Oca Rosales, fiscal general del Estado de Quintana Roo; la diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del H. Congreso del Estado; Emanuel Tuz Betancourt, coordinador general del Centro de Atención Especializada en Salud Emocional (Caese); Guillermo Martínez Flores, enlace de la Secretaría del Gobierno del Estado de Quintana Roo y la directora de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, María Teresa Paredes.