Diversos organismos empresariales firman convenio de colaboración para tratar asuntos de despojo con instancias de gobierno del estado en materia de seguridad y sector inmobiliario donde denuncian que hay 2 mil despojos de propiedades, con solo 10% de casos en investigación.
En reunión del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC), los presidentes de la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración para inhibir el delito de despojo en el estado, con el Fiscal General de Justicia de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca.
La reunión fue también de la mesa Ciudadana de Seguridad Pública para intervenir de manera inmediata en los casos de despojo de propiedad, sin esperar a que afectados directos pudieran intervenir. Ahora la Fiscalía entrará en búsqueda de estos a la primera denuncia hechas por las partes involucradas en la firma.
Del 2018 a la fecha, los particulares han denunciado más de dos mil casos en el estado de Quintana Roo, dijo el presidente del CCEC, Iván Ferrat Mancera, aportando además que apenas el 10% de los casos han tenido acción de la justicia.
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Denuncian 2 mil despojos de propiedad en el estado
Los empresarios señalaron como una urgente necesidad el atender esta problemática en la que incluso, según señalamientos del mismo fiscal, hay despachos de abogados en el estado conocidos involucrados.
En denuncias por despojo de propiedad, se han identificado cuatro modalidades para cometer este delito. En uno de ellos involucra directamente a las autoridades, queriéndolas hacer partícipe en actividades que son de inicio ilícitas; como han sido casos a través de juicios laborales.
Se precisó que el último número de casos, de 2020 a la fecha ya supera los 480 casos, que aún siguen en investigación.
El fiscal Oscar Montes de Oca, dijo no poder comentar aspectos referentes a investigaciones para no entorpecer las mismas, sin embargo, resaltó que, con el aviso a través de los organismos empresariales, la Fiscalía estatal podrá actuar.
Con la intervención a tiempo no se permitirá el avance del proceso de despojo, que lleva a involucrar notarías públicas en las que se realizan compraventas de dichos inmuebles hasta en dos o tres ocasiones, en un intento de perder todo rastro y con esto legitimar una acción criminal.