Por Eugenio Pacheco
CHETUMAL, Q. Roo.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente registra, en lo que va del año, 135 denuncias por afectación al entorno ecológico en Tulum, Holbox y Bacalar, principalmente, informó el delegado del organismo en Quintana Roo, Javier Castro Jiménez.
La irregularidad más recurrente que se ha detectado es la falta de estudios de impacto ambiental y la escasez de trámites respecto al cambio de uso de suelo y licencia de construcción.
También se han descubierto prácticas como la quema de selva o recursos forestales con la intención de cambiar su estatus y aprovecharlo turísticamente, además de que se mantiene el relleno de humedales y mangle para edificar complejos turísticos públicos o privados.
Estos expedientes abiertos se suman a las más de 700 carpetas administrativas que integran, y que se encuentran rezagadas debido a la falta de personal, principalmente de inspectores de campo.
El funcionario informó que desde el inicio de 2019, solamente a nueve de 15 empleados de la delegación local se les renovó su contrato, por lo que únicamente se mantienen seis inspectores, que son insuficientes para realizar el trabajo en todos los destinos, sobre todo la zona de playas.
Detalló que de esos expedientes en Tulum se ha registrado alrededor de 80 clausuras; en Holbox, 30 aproximadamente; y en Bacalar, 25.
Destacó que este tipo de actividades pueden ser sancionadas con penalidades económicas que van desde los 80 mil hasta los 3 millones de pesos, según la afectación, o si existe recurrencia.
Comentó que entre los casos más complicados está el de los campesinos menonitas en el municipio de Bacalar, en donde deforestas cientos de hectáreas de selva para poder establecer una zona de cultivos diversos.
“En contra de los menonitas tenemos abiertos seis expedientes, dentro de ellos existe uno que por ahora no podemos resolver, porque los campesinos interpusieron un recurso de revisión (ÔǪ) Estamos en el proceso de la resolución del recurso que promovieron ellos”, indicó.
Sobre el rezago en los expedientes, resaltó que existían al menos mil 200 que han ido desahogándose, sobre todo las más antiguas que ya no tenían materia para perseguir, o se trataba de denuncias que ya no generan afectación al entorno.