A cien años del Punto Put, (Punto de Unión Territorial), sigue la controversia territorial que involucra a tres estados: Campeche, Quintana Roo y Yucatán. En esta ocasión peritos especializados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitieron dictámenes a favor del estado de Quintana Roo en el conflicto de límites que sostiene con el estado de Yucatán y en el mes de marzo otros peritos correspondientes ejecutarán trabajos de campo en la zona limítrofe, donde ambas entidades se juntan con Campeche.
Con base en información de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo de Quintana Roo, los peritos en arqueología y ling├╝ística histórica asignados concluyeron que a la entidad sí le corresponde el territorio que Yucatán le intenta disputar a través de la controversia constitucional 226/2019.
Por lo cual, ya está programada una inspección ocular en el Punto Put entre marzo y abril, por parte de peritos en materia de geoposicionamiento. Mientras que la entidad ha controvertido el dictamen del peritaje en materia de historia e histórica por considerar que es “contradictorio muy subjetivo”.
“Aún queda pendiente por desahogarse las periciales en cartografía, geoposicionamiento, inspección judicial y ocular, así como la de geografía geoespacial, esperemos que también serán resueltas a favor de la parte quintanarroense. Incluso el equipo jurídico estatal ya se encuentra analizando y revisando el cúmulo de pruebas a efecto de empezar a preparar los fundamentos para las inspecciones oculares, así como los generales de la controversia”, señaló el informe de la instancia estatal.
RECUENTO
El Gobierno de Yucatán interpuso la Controversia Constitucional 226/2019, desde junio de 2019, la cual fue aceptada por la SCJN, esto luego de que Quintana Roo emitió un decreto, el número 303, en el cual confirmaba los límites de su territorio.
De acuerdo con la Consejería Jurídica, en alguna ocasión se había iniciado un procedimiento de delimitación hace 20 años, pero al final no se logró, por lo que en esta ocasión sí se tendría que firmar un convenio donde se establezcan los límites de los estados.
Sin embargo, el proceso se vio aplazado durante casi un año y medio debido a la pandemia del Covid-19, que limitó los trabajos en los juzgados.
Hasta ahora, el estado a través de un equipo de constitucionalistas y expertos en materia jurídica de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial ha presentado ocho pruebas periciales, a diferencia de las pocas pruebas que han aportado los estados de Yucatán y Campeche.
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LO QUE LO REAVIVÓ
Cabe mencionar que cada uno reclama miles de hectáreas de tierras; en tanto comunidades completas se encuentran abandonadas por los gobiernos.
Si bien es muy antiguo, el problema de límites de los tres estados peninsulares se reavivó cuando el Congreso de Quintana Roo aprobó, el 18 de febrero de 2019, el decreto 303, que reforma la Constitución Política de esa entidad y, como consecuencia, modificó las delimitaciones territoriales con Yucatán y Quintana Roo.
En tanto, en las comunidades, apenas en mayo pasado, un grupo de integrantes del comisariado ejidal, así como la subdelegada de Caña Brava, Inés álvarez; el representante de Felipe ángeles, Mateo López y el asesor jurídico de las tres comunidades, Andrés Blanco Cruz, presentaron ante el Poder Legislativo un documento dirigido al entonces presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gustavo Miranda García, quien también es presidente de la comisión de los límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos de la XVI Legislatura.
En el documento acusan a Miranda García de actuar con “tibieza y entreguismo” frente a las pretensiones del Gobierno campechano sobre las sentencias de amparo que obligan a diversas autoridades del Gobierno de Quintana Roo a garantizar el derecho humano al acceso de agua potable a comunidades de la zona limítrofe por suponer que ello vulnera la soberanía de Campeche.
Recordaron que estas tres comunidades demandaban acceso al agua potable en cumplimiento a su derecho humano, de tal manera que se asignó un presupuesto de 100 millones de pesos para que se cumplimente, pero derivado de estas sentencias, la Consejería
Jurídica del Estado de Campeche acudió el 7 de diciembre de 2020 al Juzgado Primero de Distrito para solicitar copias de los amparos y presentarlas como prueba dentro de la controversia constitucional 226/2019, en donde este estado entra como tercer interesado.
HECHOS HISTÓRICOS
Cabe señalar que desde que se constituyera, en 1902, por medio de decreto presidencial de Porfirio Díaz, el Territorio Federal de Quintana Roo en la parte oriental de la península de Yucatán, tanto Campeche como Yucatán han pugnado en contra de esta decisión y se han opuesto al establecimiento de su delimitación.
Este conflicto territorial ya se ha dilatado por más de una centuria, explicó Ignacio Alonso Velasco, presidente de la Asociación de Egresados del Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo.
En su análisis “Antecedentes de los límites fronterizos en la Península de Yucatán utilizando la cartografía histórica”, expuso que la constitución de un nuevo territorio, como espacio geopolítico y de control administrativo en la costa oriental de Yucatán, fue una propuesta que presentó Manuel José Sierra Méndez al general José de la Cruz Porfirio Díaz Mori en junio de 1896, como reacción provocada por la lucha de intereses regionales e internacionales sobre un espacio que no lograban controlar las autoridades yucatecas, pero que era domesticado por el poder militar indígena con apoyo de la Corona Inglesa, por medio de sus relaciones con Honduras Británica.
La creación del Territorio Federal de Quintana Roo se llevó a cabo por medio de Decreto Presidencial de Porfirio Díaz en 1902. Posteriormente, Venustiano Carranza decretó la anexión del Territorio de Quintana Roo a Yucatán en 1913 y en 1915 el mismo presidente de la República volvió a erigir dicho territorio.
Dieciséis años después, en 1931, Pascual Ortiz Rubio decretó la anexión del Territorio Federal de Quintana Roo a los estados de Yucatán y Campeche. Después, Lázaro Cárdenas creó nuevamente el Territorio Federal quintanarroense en 1935. Finalmente, el estado de Quintana Roo se estableció como entidad federativa mexicana el 8 de octubre de 1974.
La Reserva de la Biosfera Calakmul fue creada el 23 de mayo de 1989 y el 1 de enero de 1997, el Gobierno del estado de Campeche, colindante con Quintana Roo, creó el municipio homónimo de dicha área protegida, sobre parte de la superficie bajo indeterminación jurisdiccional existente en la península de Yucatán. hecho que dio origen al conflicto aún vigente.
Desde entonces, diversos actores de la vida política de Quintana Roo han señalado en diferentes momentos que el territorio de la entidad será defendido. Sin embargo, la realidad dista mucho del discurso.
En descargo de quienes tantas declaraciones mediáticas han hecho, es justo decir que la solución ni siquiera se encuentra en manos de dichos actores políticos, sino en la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Para el también catedrático de la Universidad de Quintana Roo, escribe que el problema es que no hay acuerdo acerca de dónde está ubicado el Punto PUT (Punto de Unión Territorial), que es donde confluyen los territorios de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Para él, “la situación entre estas entidades federativas la podríamos calificar como de calma tensa, ya que no se dan conatos de violencia como los que se suscitan entre chiapanecos y oaxaqueños, o entre colimenses y jaliscienses, que incluso motivaron que en el 2009 el Senado emitiera un exhorto a los gobernadores de estos dos últimos estados con la finalidad de que tomaran las medidas pertinentes para que, en estrecha colaboración, preservaran el orden público y la paz social en las zonas limítrofes bajo controversia”.
Tanto yucatecos como campechanos y quintanarroenses se expresan mutuo rechazo, como consecuencia de la desintegración regional que ha caracterizado a los estados peninsulares, y se muestran reticentes ante los problemas de sus vecinos como si fueran entidades aisladas y no partes de la misma unidad geopolítica.
POLÉMICA QUINTANARROENSE
En febrero de 1997, siendo Gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid, los tres Poderes promovieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una demanda de Controversia Constitucional en contra del estado de Campeche, reclamando la invalidez del Decreto expedido por el Congreso local de Campeche, que creó el municipio de Calakmul, el 31 de diciembre de 1996, sobre una porción territorial del estado de Quintana Roo, así como contra el presidente de la República, reclamando la invalidez del acuerdo del año de 1940 (expedido por el entonces presidente Lázaro Cárdenas), en el que se fundamentó el estado de Campeche para crear dicho municipio.
Con la creación del municipio de Calakmul, Quintana Roo reclama una extensión de más de 10 mil 500 kilómetros, misma que fue archivada en 2013 por la misma Corte.
De acuerdo con la XV Legislatura, a dicha demanda se señaló como tercero interesado al estado de Yucatán, que, al contestar con tal carácter, motivó una nueva demanda de Controversia Constitucional por parte del estado de Quintana Roo ahora en contra de Yucatán.
A esas controversias constitucionales se les asignaron los números de expedientes 9/97 y 13/97, respectivamente, mismos que aún se encuentran en poder del Senado de la República.
¿QUÉ ESTá EN JUEGO Y QUÉ PELEA YUCATáN?
El movimiento de límites que realizó el Congreso de Quintana Roo afecta a ocho municipios yucatecos, a los que “rasura” 4 mil 800 kilómetros cuadrados.
Esos municipios son Tekax, Tzucacab, Peto, Tixcacalcupul, Chikindzonot, Chichimilá, Valladolid y Chemax.
Asimismo, la afectación a Campeche es de poco más de cinco mil kilómetros cuadrados que esa entidad “pierde” frente a Quintana Roo.
La franja en disputa corresponde principalmente al municipio de Calakmul y su reserva natural.
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