Indebidos Procesos
Por Omar Sánchez Tagle
Correo: Osdtagle@yahoo.com // Twitter: @osdtagle
¿Usted se sometería a una cirugía sin el diagnóstico previo?
El Gobierno federal emprendió una intervención mayor al aparato burocrático, que aunque para muchos es loable y necesaria, los resultados podrían ser contraproducentes al no contar con un diagnóstico para establecer las áreas o dependencias con menores índices de productividad o eficiencia.
La pesadilla para los funcionarios públicos comenzó al inicio del sexenio con el cierre de oficinas del SAT, ProMéxico y la reducción de plazas en prácticamente todas las dependencias del Gobierno federal y sus delegaciones estatales, y continúa, con el anuncio del 3 de mayo pasado respecto de una nueva reducción de plazas laborales para generar ahorros y destinarlos a Pemex.
A esto habrá que sumar los despidos por la desaparición de las Direcciones Generales Adjuntas, propuesta en la Ley de Austeridad.
El primer impacto de la decisión se podrá observar en las próximas encuestas de ocupación y empleo que realice el INEGI, en las que sin duda tendrá que haber un alza en el desempleo, cuyo daño colateral será la recaudación, pues gran parte de los ingresos al erario son por concepto del ISR que reportan las plazas de trabajo formales, y que se encuentra en gran cantidad en el Gobierno.
Tanto la secretaria de la Función Publica, Irma Eréndira Sandoval, como el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, habrán previsto tales afectaciones. Sin embargo, no han aclarado cómo se verá afectada la operación del Gobierno federal ante una drástica disminución de personal de confianza.
Es necesario subrayar que la mayoría, si no es que la totalidad, de los recortes afecta al personal de confianza y de honorarios, quienes se encargan de la parte estratégica y la toma de decisiones, mientras que se ha dejado intocables a los burócratas de base, o funcionarios públicos sindicalizados, en quienes descansan las funciones operativas y sistematizadas.
La justificación es que la nómina del Gobierno federal es demasiado abultada, poco eficiente y su crecimiento obedeció a prácticas de corrupción o influyentismo.
Sin embargo, de 2011 a 2016 los empleados federales pasaron de un millón 698 mil 161 a un millón 567 mil 381, es decir, hubo un recorte del orden de 100 mil plazas en cinco años.
De acuerdo a un comunicado conjunto de la SFP y de la SHCP, la reducción de personal no afectará la operación de las dependencias federales, aunque se eliminen todas las plazas de asesores, y sí tendrá un impacto positivo al “liberar más recursos para el desarrollo” (sic).
Ante el reclamo de miles de burócratas que destinaron su carrera profesional al ejercicio de la función pública y que ahora deberán enfrentar el desempleo, pero también de algunos ciudadanos preocupados por la correcta operación de las dependencias federales, que aún con la totalidad de su plantilla no gozaban de buena reputación en lo que a atención a usuarios se refiere, el Gobierno federal debería transparentar los criterios utilizados para realizar los recortes, o el diagnóstico en el cual descansan los motivos para haber emprendido esta cirugía mayor.