Después de los sonados fracasos en la compra consolidada de medicamentos, encargada primero a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y luego a la UNOPS de Naciones Unidas, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que sea la Secretaría de la Función Pública (SFP) la encargada de todas las compras del Gobierno.
López Obrador envió una iniciativa de reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que otorga poder a la SFP para la “planeación, establecimiento, conducción y aplicación de la política general de contrataciones públicas reguladas por la Ley de AdquisicionesÔÇÖÔÇÖ.
No vamos a permitir que ningún candidato de EU use a México de piñata: AMLO
La iniciativa fue recibida ayer por la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el documento, se pretende fortalecer “la buena administración públicaÔÇÖÔÇÖ para lo que se propone que la SFP coordine y conduzca las Unidades de Administración y Finanzas de los entes públicos, con excepción de las Secretarías de Marina y Defensa, así como de las empresas productivas del Estado (Pemex y CFE).
Esta función la ejerce actualmente la Secretaría de Hacienda.
La iniciativa también pretende que se faculte a la SFP para participar en las negociaciones comerciales internacionales “relacionadas con el sector público, coordinar las compras estratégicas y elaborar disposiciones que promuevan la participación de una proveeduría nacionalÔÇÖÔÇÖ.
Igualmente se pretende que la SFP tenga facultades para el rediseño de la organización y funcionamiento de los órganos de control por sector, materia, especialidad, función específica o entre público, para el ejercicio de sus funciones.
Si la iniciativa es aprobada en sus términos, la Secretaría de la Función Pública dejaría de ser simplemente la encargada de supervisar la evolución patrimonial de los servidores públicos y el cumplimiento de la normatividad en cuestión para realizar labores que hoy realiza la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda.
En términos llanos, sería una súper Secretaría con funciones que no corresponden al propósito de su creación.
En todo caso, sería más sencillo que la Función Pública fuera otra Subsecretaría de Hacienda porque, así como está presentado el documento pareciera que se trata de debilitar a la dependencia que encabeza Rogelio Ramírez de la O.
¿A poco sí?
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La Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJA) determinó que Televisión Azteca sí debe pagar la cantidad de 2,477 millones de pesos por concepto del ISR, multas y recargos por la venta de acciones.
Seguirá “ejerciendo nuestro derecho a defendernos de lo que consideramos cobros erróneos y excesivos, mismos que parten de una estimación de base ilegal e injusta.
“TV Azteca y Grupo Salinas, como cualquier empresa en México, contamos con pleno derecho a discrepar con las autoridades. Por lo tanto, en estricto apego a la ley, recurriremos a las múltiples instancias correspondientes que nuestro marco legal contempla para así dirimir nuestras diferencias con las autoridades fiscalesÔÇÖÔÇÖ.
Azteca recurrirá a organismos internacionales con los que México tiene tratados para defender lo que a su juicio es un cobro ilegal.
El asunto dará para más.
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Aunque lo dijo como sarcasmo, la realidad demuestra que es verdad.
El senador César Cravioto, de Morena, envió un mensaje a los gobernadores que pronto dejarán el cargo: “Compórtense bien y tal vez sean embajadoresÔÇÖÔÇÖ.
Traducido: déjenos ganar y tendrán su premio.
¿O no Carlos Miguel Aysa?