La divisa del poder
Por: Adrián Trejo
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La detención, entrega o lo que haya sido, de la profesora Mónica García Villegas, dueña del Colegio Enrique Rébsamen, en el que murieron 26 personas, 19 de ellas niños, en el sismo del 19 de septiembre de 2017, es un trofeo para Claudia Sheinbaum.
Las semanas siguientes al sismo se debatió ampliamente en los medios de comunicación de quién era la responsabilidad de la tragedia:
De los dueños del colegio, que construyeron un segundo piso aparentemente sin la aprobación de la autoridad delegacional ÔÇôentonces a cargo de Sheinbaum- o de la delegación, ya sea por acción o por omisión.
La profesora Mónica exhibió permisos aparentemente legales expedidos por la delegación Tlalpan y oficios de supervisión de la construcción total, pero la hoy jefa de Gobierno de la CDMX negó que éstos fueran originales.
De hecho, la miss Mónica fue vinculada a proceso por homicidio culposo y falsificación de documentos.
El asunto es que el tema fue explotado en contra de Sheinbaum desde septiembre de 2017 hasta que ganó la elección en 2018.
Fue el tema central de ataques en su contra durante la campaña, y en ese tiempo no había café político en el que se cuestionara si en realidad la jefa de Gobierno tenía responsabilidad o no en la desgracia.
Por eso se lo tomó personal.
Tanto que permitió que la Procuraduría General de Justicia de la CDMX ofreciera de una manera irregular una recompensa de cinco millones de pesos a quienes dieran datos sobre el paradero de la miss.
Irregular porque, según explicó la propia funcionaria, los padres de los niños fallecidos acudieron con la procuradora Ernestina Godoy para pedirle que se ofreciera una recompensa para localizar a la indiciada.
Y se lo concedieron, lo que deja abierta la posibilidad a que cualquier grupo de ciudadanos o un ciudadano en particular exija también que se ofrezca una recompensa para capturar a su(s) agresor(es).
Como sea, Sheinbaum ya tiene su primer trofeo de caza en la vitrina.
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Si hubo o no negociación en la entrega y/o captura de la miss Mónica, como acusó el defensor de la acusada, Javier Coello, estamos a punto de saberlo.
¿A quién pues le vamos a creer?
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¡Vaya paradoja!
El PRI anda en busca de la credibilidad perdida, y su ceguera ÔÇôo sus intereses- le impide ver que uno de los aspirantes a presidirlo tiene acusaciones en contra por violaciones a los derechos humanos, por la desaparición de dos miembros del EPR y sospechas de peculado “nada másÔÇÖÔÇÖ por 40 mil millones de pesos.
Se trata del inefable Ulises Ruiz, que hace unos días fue acusado oficialmente ante la Corte Penal de La Haya por violaciones a los derechos humanos durante el desalojo de la CNTE en 2007.
Se le señala también por la desaparición de dos miembros del EPR, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, caso por el que un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República, el 9 de mayo pasado, la creación de una Comisión Especial para su búsqueda.
Ruiz fue protagonista de la debacle del PRI en Quintana Roo ÔÇôen donde el ex gobernador Roberto Borge le cedió el control de la obra pública-, y aun así en el PRI le siguen dando foro y alas para competir por su presidencia.
¿Cuál credibilidad entonces?
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