El proyecto del cuarto muelle de Cozumel atenta contra el derecho a la ciudad, por ocupar el único espacio público existente en todo el malecón, afirmó Olivia Rose, del Colectivo Ciudadano Isla Cozumel.
A poco más de 80 kilómetros de distancia del Tren Maya, en el Caribe mexicano, se alista otro proyecto prioritario para el presidente Andrés Manuel López Obrador que ÔÇôal igual que la obra estrella del suresteÔÇô ha generado polémica por inconsistencias en los permisos de construcción, que podrían frenar definitivamente su desarrollo, y porque ambientalistas y defensores de derechos humanos alertan que afectaría zonas donde habitan especies en protección y arrecifes de corales.
El proyecto del cuarto muelle para cruceros de Cozumel, Quintana Roo, con una inversión de 58 millones 617 mil 023 pesos, registra irregularidades en su planeación y aprobación por parte de autoridades federales, pues no solo se pretende realizar en un área donde se prohíbe la construcción cimentada y las actividades de lucro, sino que se omitieron detalles de la concesión que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) había otorgado, al tiempo que la dependencia ignoró los impactos ambientales y zonas de protección declaradas por la misma.
En octubre de 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, el presidente López Obrador, en conjunto con la iniciativa privada, presentó una batería de proyectos estratégicos para la reactivación económica.
Se trata de 39 obras en el sector de Comunicaciones y Transportes, Energía y Medio Ambiente, que en conjunto sumarían casi 300,000 millones de pesos y que generarían empleos y bienestar para la población, además de dar un impulso para el turismo, entre ellos el cuarto muelle.
Un año y medio después, la obra está en pausa hasta que la jueza Pamela López Swain, juez tercero de distrito en Cancún, resuelva las inconsistencias en el título de concesión, en manos de Muelles del Caribe, empresa encargada de la construcción, que se había otorgado antes a un particular para un uso distinto al que se requiere.
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Muelle de Cozumel atenta contra derecho a la ciudad
Si bien la solicitud de cambio de derechos ya se aprobó, se hizo después de que se avalara el proyecto, por lo que incumple las obligaciones que otorgó la Semarnat en un principio, razón con la que podría ser revocado.
Ante las irregularidades, el Colectivo Ciudadano Isla Cozumel, con el acompañamiento jurídico del Centro Contra la Discriminación, presentaron el 26 de enero pasado el amparo 62/2022, en contra de la concesión, en el que alegan la violación al derecho a la ciudad y al medio ambiente sano.
“Abogamos por el derecho a la ciudad porque un asentamiento humano como Cozumel tiene el derecho a tener un espacio al libre esparcimiento público. En la zona donde se hará el muelle es el único espacio donde la comunidad nativa no ha sido segregada por la industria de los cruceros; es el único espacio con acceso público en todo el malecón entero”, explica Rose en entrevista.
“Reclamamos el incumplimiento de las autoridades (Semarnat, Zofemat, SICT, SHCP) por no haber exigido todos los requisitos que tiene que cumplir una empresa para ocupar un espacio que es de la nación y que fueron vulnerados nuestros derechos al otorgar los permisos de concesión sin haber considerado una manifestación de impacto urbano ni manifestación de impacto social”, añade.
Pamela López Swain, juez tercero de distrito en Cancún, concedió en febrero la suspensión provisional a los quejosos y el pasado 12 de abril, la suspensión definitiva, a efecto de que no se permita la ejecución de las obras hasta que se resuelva el amparo. El miércoles 27 de abril se había agendado la audiencia constitucional, donde se resolvería de fondo el asunto, sin embargo, fue diferida hasta el 31 de mayo próximo.
Ricardo Hernández
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