Chetumal, 22 de febrero.- El gobierno de Quintana Roo espera un avance jurídico en el conflicto limítrofe con Campeche, una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare el cierre de alegatos en los que se encuentra esta controversia constitucional que empezó desde 1997.
Luego que se entregaran los peritajes hechos en el Punto de Unión Territorial, también conocido como Punto Put, se espera que en junio se pueda tener algún avance desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de Quintana Roo, considera el consejero jurídico del gobierno del estado, Carlos Fuentes del Rio.
“Estamos a la espera que en julio pudiéramos tener una respuesta satisfactoria de la SCJN a favor de Quintana Roo”, manifestó.
El gobierno de Quintana Roo realizó los peritajes respecto a la identificación y acreditación del Punto Put respecto al tema de agrimensura y geolocalización, que se ha aportado como pruebas a favor de la pertenencia de la franja de tierra de 10 mil kilómetros pertenecientes a Quintana Roo, respaldando los valores territoriales que se le otorgó desde que fue establecido como Territorio Federal por medio de Decreto Presidencial de Porfirio Díaz en 1902.
Indicó que, en estos momentos, el gobierno del Estado se encuentra a la espera del cierre del ofrecimiento de estas pruebas para formular alegatos de manera presencial ante el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, a fin de solicitar un dictamen de sentencia de la Suprema Corte.
Confía en que la sentencia de la SCJN otorgue certeza jurídica a Quintana Roo respecto de sus límites territoriales, y a los habitantes de las 71 comunidades ubicadas en la zona limítrofe, para que por fin accedan a acciones y obras por parte del Gobierno del Estado.
Desde marzo de 2019, el Congreso de Quintana Roo emitió un decreto que modifica los límites con Yucatán y Campeche en la zona conocida como Punto Put, lo que afectó tierras de los municipios de Peto, Tekax y Tzucacab, en respuesta el gobierno yucateco interpuso un recurso de inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dejar sin efectivo dicho decreto.
La Segunda Sala de la SCJN aprobó por unanimidad las consideraciones hechas por el gobierno de Yucatán ante el recurso de reclamación interpuesto por Quintana Roo, y para este año deberá dar un resolutivo.
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