Por Ricardo Hernández
CANCÚN, Q. Roo.- Los gobiernos de Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas y José María Morelos firmaron un convenio de colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a fin de coordinar esfuerzos en materia de seguridad y tránsito municipal, encaminados hacia un Mando Único.
“En materia de seguridad pública se requiere de manera inmediata y con la mayor celeridad fortalecer la concurrencia, la coordinación y la colaboración administrativa para fortalecer los marcos normativos, los planes y estrategias operativas, las herramientas y mecanismos institucionales, con el objetivo de afrontar la inseguridad pública”, se lee en el convenio publicado en el Periódico Oficial del Estado, que dio validez al convenio.
El convenio se centrará en la coordinación en las tareas de contención y vigilancia que realizan los cuerpos de la Policía Preventiva y de Tránsito, para instaurar el Mando Único Concurrente.
La finalidad de este modelo, indica el documento, es el de mantener la paz y el orden público, estructurar y operar de forma integral las políticas públicas en el ámbito de la seguridad, respecto a las funciones de los cuerpos policíacos.
Además, se pretende colaborar en la prevención y reducción de la incidencia delictiva y hacer más eficiente la capacidad de respuesta de las policías a través de la articulación de acciones conjuntas.
“Administrar la operatividad táctica en el ámbito de la seguridad proactiva y reactiva; optimizar los recursos humanos, materiales y presupuestales que están disponibles para el combate a la delincuencia y la prevención de los delitos y participación ciudadana”, añade el documento como parte de los objetivos.
Asimismo, este convenio ayudará a coordinar la capacitación y adiestramiento del personal operativo y de tránsito de los municipios que desarrollen funciones de seguridad.
Adicionalmente, establece que estado y municipios trabajarán en conjunto en el diseño y participación en el Programa Estatal de Seguridad Ciudadana y Humana, desarrollando la planeación, implementación, seguimiento y evaluación de acciones de formación cívica y de ética que deriven de aquél.