Por Ricardo Hernández
CANCÚN, Q. Roo.- Roberto Cintron, como representante del Protocolo Puerto Morelos, llevará ante instancias federales una propuesta de Norma Oficial Mexicana que versa sobre el tratamiento del sargazo, debido a que éste es un fenómeno temporal relativamente reciente, que no ha sido estudiado a profundidad ni reglamentado, y hay ciertos vacíos legales que dificultan su industrialización.
Reconoció que no hay acuerdo acerca de si el sargazo debe contemplarse como recurso pesquero, residuo sólido u otra manera, ya que depende dónde se encuentre, cambia su característica.
También cambia la dependencia encargada de su supervisión, si la macroalga se encuentra en altamar, es competencia de la Secretaría de Marina (Semar); en cambio, si se encuentra flotando en las playas, es competencia del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), y si se halla sobre la
arena, de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).
Por ello, el grupo que conforma el Protocolo de Puerto Morelos ha impulsado en los últimos meses la creación y aprobación de una Norma Oficial Mexicana que regule y estandarice el problema del sargazo.
“Nosotros lo estamos impulsando, en el Protocolo, por el hecho de la industrialización del sargazo, es decir, ya estamos trabajando con Conacyt para que podemos obtener una Norma para el uso del sargazo y con esta se permitirá y garantizará su uso”, comentó Carlos Gosselin, de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos.
El objetivo, acotó el líder hotelero, es utilizar y consumir las miles de toneladas que arriban al Caribe mexicano.
Precisó que dentro del Protocolo se planea utilizar de manera industrial unas siete toneladas de sargazo con cuatro entes “aliados” de este grupo. “Estamos hablando de un consumo que sí viene a garantizar que se puede eliminar el sargazo de manera industrial”, sostuvo.
“Se espera que en los próximos 60 días salga la norma”, estimó. Para ello, hace falta la aprobación del gobernador para que dé su visto bueno para que se realice una reunión formal entre empresarios, gobierno y Conacyt para encaminar la aprobación.