Son alrededor de 40 las trabajadoras de limpieza que laboraban en la Secretaría de Salud estatal (Sesa) y que siguen esperando el finiquito tras la desaparición de la empresa que las contrató en abril pasado, denunció María del Carmen Reyes, una de las afectadas.
Según la denunciante, el problema comenzó cuando la empresa encargada de la contratación, Tasefi S.A. de C.V., dejó de pagar puntualmente a las colaboradoras desde abril de este año. La situación empeoró cuando la compañía desapareció sin previo aviso, dejando a ella y a sus compañeras sin recibir el pago correspondiente a 10 días de trabajo.
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Trabajadoras esperan respuestas
“Hicimos un paro en abril por pagos atrasados y enseguida nos depositaron, pero después ya no llegó la siguiente quincena,” comentó la afectada.
Al preguntar a la nueva empresa que entró a hacerse cargo, no obtuvo respuestas claras sobre el pago pendiente.
“Es molesto estar trabajando y que de repente no te paguen. Para uno que vive al día, diez días son mucho”, señaló.
La situación afecta a más de 40 trabajadoras de limpieza en diferentes áreas, incluyendo el Hospital General de Chetumal, el Hospital Materno Infantil Morelos y otras instalaciones de Sesa.
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¿Estafadas?
“Algunas compañeras ya dieron por perdido su tiempo, pero a mí me parece injusto que no den ninguna respuesta. ¿Qué vamos a pensar, que nos estafaron?” cuestionó María del Carmen Reyes.
Lamentan que Sesa no se haya hecho responsable, pese a que es la dependencia que otorgó el contrato, además sugieren que las empresas deberían tener un representante en cada estado para atender las quejas y problemas de los trabajadores, puesto que la situación provocada por Tasefi se debió a que nunca hubo contacto directo.
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Problemática recurrente
“Deberían poner una oficina pequeña en cada estado para cualquier problema. Todo es por vía telefónica y eso es molesto. No conocemos a las personas que nos contratan, ni a los supervisores, ni siquiera nos dieron recibos de pago”, comentó.
Esta es una problemática recurrente con algunas empresas contratistas que operan en el estado, dejando a los trabajadores en una situación vulnerable y sin garantías de pago.