Con el objetivo de atender a los adolescentes que han incurrido en conductas delictivas y prevenir la reincidencia se estableció la Subcomisión de Justicia para Adolescentes.
Esta iniciativa promueve un trabajo coordinado entre diversas instituciones para evitar que estos vuelvan a reincidir en problemas con la ley, destacó Norma Salazar Rivera, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) en Quintana Roo.
Salazar Rivera informó que actualmente hay 32 menores en el Centro de Ejecuciones de Medidas para Adolescentes (CEMA) y otros nueve en externamiento, quienes cumplen sus medidas precautorias en sus hogares bajo supervisión de las autoridades.
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Adolescentes deben ser atendidos
“Estos 41 adolescentes llegaron a un nivel en que tienen que ser atendidos, juzgados sí, pero con perspectiva de las adolescencias”, dijo
Además agregó que “en el caso de los juzgados cívicos, si un adolescente incurre en una situación que no es grave, se llama a su figura parental, se le atiende y se va a su casa”.
“Pero si reincide irá escalando la carrera delictiva. Lo que estamos haciendo es frenar esto”, explicó.
La funcionaria subrayó que los adolescentes tienen los mismos derechos que los adultos, pero debido a su edad y madurez, requieren una protección jurídica reforzada.
“Por mandato constitucional se les garantiza que su interés superior sea efectivo en todas las medidas que les involucren, como los procedimientos de acceso a la justicia”, añadió.
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Apoyo de sus padres
La justicia cívica se centra en tratar las infracciones menores de manera que los adolescentes puedan continuar su vida en casa.
Asimismo con medidas correctivas adecuadas y el apoyo de sus padres.
Salazar Rivera destacó la importancia de la prevención y la intervención temprana.
“Al llegar al juzgado cívico, se analiza la situación del adolescente y se buscan soluciones que involucren a la comunidad”, dijo.
Ejemplificó que, si un joven tiene mucho tiempo libre porque sus padres trabajan, se le pueden ofrecer becas para actividades deportivas o recreativas, manteniéndolo ocupado y alejado de malas influencias.
En Othón P. Blanco, este enfoque ha permitido reducir la reincidencia en los últimos tres meses.
El año pasado, se contabilizaban 26 jóvenes en internamiento y ocho en externamiento, pero quienes han egresado no han regresado.
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Enfoque interinstitucional
“En el último año, no se ha superado el número de 45 adolescentes en conflicto con la ley”, puntualizó Salazar Rivera.
La secretaria ejecutiva enfatizó la necesidad de un trabajo coordinado entre diversas instituciones para abordar los problemas de los adolescentes de manera efectiva.
La Subcomisión de Justicia para Adolescentes, presidida por Heyden Cebada Rivas, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, se basa en este enfoque interinstitucional.
“No se puede dejar todo el trabajo al juzgado cívico, ni a los padres. Las instituciones deben intervenir para que se frene la carrera delictiva en jóvenes”, subrayó.
Finalmente, Salazar Rivera destacó la importancia de la colaboración entre todas las partes involucradas. “Nos da mucho gusto ver que los esfuerzos coordinados pueden funcionar, siempre y cuando todas las partes involucradas colaboren”.