Habrá ley de juicio político en Quintana Roo.
La nueva Ley establece mecanismos y criterios para la valoración de pruebas, derechos y obligaciones de las partes. Credit: Redes sociales

En una sesión clave de las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Legislativos del Congreso de Quintana Roo, se aprobó el dictamen que da vida a la nueva Ley Estatal de Juicio Político.

Presididos por los diputados Andrés Brahms y Ricardo Velazco, se consolidó la iniciativa que surge de la fusión de dos propuestas anteriores, presentadas por la exdiputada Cristina Torres y el diputado Hugo Alday Nieto, representante del Partido del Trabajo.

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Fortaleciendo los mecanismos de juicio político

Además, la nueva ley establece un marco claro y preciso para regular el proceso de juicio político en el estado.

Entre sus puntos más destacados, se incluyen mecanismos específicos para la valoración de pruebas y los derechos y obligaciones de todas las partes involucradas.

Además, se define el papel crucial de la Comisión de Justicia y los plazos a seguir en cada etapa del proceso, desde la intervención de las autoridades responsables hasta el momento en que el Congreso asume el rol de jurado calificador.

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Compromiso con la transparencia y combate a la corrupción

Asimismo, Hugo Alday, el único legislador del Partido del Trabajo en el Congreso estatal, subrayó la importancia de esta nueva ley para promover la transparencia y combatir la corrupción en Quintana Roo.

En su intervención, Alday recordó que la figura del juicio político tiene una larga historia, remontándose a la Constitución de Filadelfia de 1787 y adoptada en México desde 1857.

Esta nueva ley representa un avance significativo en la actualización y adaptación de este mecanismo en el contexto local.

Una ley con impacto progresista en Quintana Roo

Con la aprobación de esta ley, Quintana Roo refuerza su compromiso con la justicia y la rendición de cuentas.

La actualización de los mecanismos de juicio político no solo moderniza el marco legal del estado, sino que también asegura que cualquier autoridad que transgreda la ley sea sometida a un proceso justo y transparente, en beneficio de toda la ciudadanía.

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