Quintana Roo enfrenta una situación alarmante en torno al VIH-SIDA, con una de las tasas de incidencia más altas del país: 49.2 casos por cada 100 mil habitantes.
Según datos proporcionados por Roberto Guzmán Rodríguez, director de la asociación civil Red Positiva de Quintana Roo, el 50% de las personas que se realizan la prueba son diagnosticadas con la enfermedad, evidenciando una grave crisis de salud pública.
Preocupante aumento de casos en jóvenes
El incremento de infecciones en adolescentes de entre 16 y 18 años, así como en adultos jóvenes de 29 a 34 años, es una preocupación significativa.
Guzmán Rodríguez señala que la experimentación temprana con la sexualidad, a menudo sin información ni protección adecuada, junto con los mitos y tabúes sobre el uso del preservativo, contribuyen al aumento de casos.
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La falta de atención y los desafíos estructurales
El activista denuncia un abandono en las estrategias de prevención y sensibilización, destacando que las pruebas de diagnóstico se realizan solo para cumplir protocolos, sin un enfoque real en poblaciones focalizadas.
Además, el acceso limitado a medicamentos y la falta de trabajo en aspectos sociales, como la emigración, agravan la situación.
Muchos extranjeros que no reciben atención adecuada son referidos al Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capacits).
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Regiones más afectadas
Cancún y Playa del Carmen lideran en el número de casos, mientras que las islas del estado enfrentan una "epidemia escondida" debido al hermetismo en sus comunidades.
Guzmán Rodríguez subraya que el problema no está directamente relacionado con el turismo, sino con la movilidad constante de personas, lo que facilita la propagación del virus.
Urgencia de acción
Es fundamental fortalecer las campañas de prevención, el diagnóstico oportuno y la atención médica para frenar la propagación del VIH.
Además, se deben abordar las barreras como el estigma social y la falta de acceso a recursos.
La situación en Quintana Roo es un llamado urgente para que las autoridades, junto con la sociedad civil, trabajen en estrategias integrales que protejan la salud y los derechos de la población.