Denuncias contra jueces en Quintana Roo
La Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo tiene en su poder 10 denuncias en contra de jueces de Instrucción Familiar y de Control Penal, según informó Ariadne Song Anguas, vocera del Colectivo Feminista Xtabay Quintana Roo y del Frente Feminista Quintana Roo.
Estas denuncias, relacionadas con irregularidades y abuso de poder, no han avanzado debido al amedrentamiento hacia las víctimas y la falta de recursos económicos para contratar abogados especialistas.
Irregularidades y violencia vicaria
Song Anguas señaló que las víctimas enfrentan amenazas directas.
“Van a sus casas y les dicen que les va a ir peor, que se queden callados porque si quieren obtener algo de justicia lo mejor es no levantar la voz”, denunció.
Además, indicó que los jueces han evitado investigar delitos relacionados con violencia vicaria, una problemática que afecta a mujeres en procesos legales.
Según los colectivos feministas, cada juez señalado estaría vinculado a tres o cinco casos con irregularidades, principalmente en la zona Cancún-Chetumal, incluyendo Bacalar y la Zona Maya.
Sin apoyo del gobierno estatal
Los colectivos feministas no reciben comunicación oficial del Gobierno del Estado, complicando su labor de defensa.
“Las mujeres llegan a nosotras por recomendación o porque nos ven en redes sociales”, explicó Song Anguas.
En 10 años de trabajo, los colectivos han logrado 100 casos de éxito mediante litigio estratégico mediático, pese a las amenazas de muerte que ha enfrentado Song Anguas desde 2018, lo que la llevó a ser beneficiaria del Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
“A nadie le importa si desaparezco como abogada. Es más, sería algo benéfico para el Estado porque estas mujeres se quedarían solas”, concluyó.
Llamado de los colectivos
Los colectivos feministas en Quintana Roo exigen que las autoridades aceleren el avance de las investigaciones.
Asimismo, que garanticen la protección de las víctimas y sus familias. Señalaron que el acceso a la justicia no debería depender de recursos económicos ni estar condicionado por amenazas.