El Infonavit dio detalles de un fraude que afectó a miles de beneficiarios.
El director del Infoanvit, Octavio Romero, dio detalles del esquema de fraude en agravio de miles de beneficiarios. Credit: Especial

El titular de Infonavit, Octavio Romero Oropeza, destapó una amplia red de despojo de viviendas, que incluye al personal del Poder Judicial, que afectó a miles de beneficiarios, entre ellos 8, 181 de Quintana Roo

Asimismo, en la Mañanera del Pueblo, Romero Oropeza, exhibió que el Poder Judicial es parte una red de despojo de viviendas a beneficiarios del Infonavit, que comenzó a operar en el sexenio de Peña Nieto.

Infonavit: Red de corrupción afecta a miles de familias

Además, Romero Oropeza explicó en la Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum que el esquema consistía en presentar juicios fraudulentos contra propietarios en juzgados de entidades distintas a donde residían.

Esto fue posible gracias a la colaboración de funcionarios del Infonavit, representantes laborales y patronales, abogados y jueces.

Entre 2019 y noviembre de 2024, se identificaron 63,000 demandas fraudulentas, concentradas en el Juzgado 60 Civil de la Ciudad de México, tramitando un promedio de 4,000 casos por mes.

Consecuencias devastadoras para los beneficiarios

Asimismo, el esquema incluyó irregularidades como la falta de notificaciones a los propietarios y la inclusión de acreditados sin problemas de pago.

También como resultado, 373,812 familias fueron afectadas, de las cuales 249,000 perdieron sus propiedades, y el 83% de estos inmuebles carecían de escrituras, facilitando su subasta.

Las entidades con mayor número de casos son:

  • Estado de México: 54,784
  • Tamaulipas: 42,515
  • Chihuahua: 31,482
  • Nuevo León: 26,130

En el caso de Quintana Roo, explicó que fueron 8,181 beneficiarios directos. Del total solamente 119 corresponden al mismo estado, y 8,062 a otras entidades federativas del país.

Medidas para detener el fraude e impacto

En 2019, el entonces presidente López Obrador solicitó al Infonavit desistirse de los juicios masivos y frenar los desalojos.

En 2020, el Instituto denunció penalmente a despachos de abogados, jueces y notarios involucrados.

Finalmente, el esquema fraudulento desvió 29,263 millones de pesos, equivalentes al presupuesto anual de programas sociales como la Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente.

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