Falta de claridad genera incertidumbre
La reciente aprobación de la reforma a la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio en Quintana Roo ha encendido las alarmas en el sector empresarial, que teme que la falta de claridad en sus disposiciones afecte la confianza de los inversionistas.
Así lo dio a conocer Javier Carlos Olvera Silveira, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe.
Expresó su preocupación al señalar que la Ley carece de reglamentos específicos que definan con precisión los casos en los que procede la expropiación.
“Es necesario detallar mejor estos aspectos para brindar tranquilidad y confianza a los inversionistas”, subrayó Olvera Silveira.
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Piden participación en el análisis de la Ley de Expropiación
Uno de los principales reclamos del sector empresarial es que la Ley fue presentada de manera sorpresiva, sin previo diálogo con los involucrados.
"Hubo suspicacia e inquietud entre los empresarios", comentó Olvera Silveira, quien confirmó que ya han tenido acercamientos con el Gobierno del Estado para plantear modificaciones y aclaraciones necesarias.
Al respecto, Eduardo Galaviz Ibarra, representante del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, advirtió sobre la ambigüedad de términos como "ocupación temporal" y "limitación de dominio", que podrían derivar en problemas legales.
"No hay plazos claros para las ocupaciones temporales, lo que deja la decisión a discreción de las autoridades y podría generar conflictos judiciales", señaló Galaviz Ibarra.
Quintana Roo, con el mayor número de causales de expropiación en el país
Otro punto que genera inquietud es la ampliación de las causales de utilidad pública, que pasaron de 11 a 25, convirtiendo a Quintana Roo en el estado con el mayor número de motivos para expropiaciones en comparación con la legislación federal y de otras entidades.
Asimismo, la nueva Ley permite que organizaciones civiles soliciten expropiaciones o limitaciones de dominio.
Esto, según expertos, podría derivar en abuso de procedimientos o litigios impulsados por intereses particulares.
Ante estas preocupaciones, el sector empresarial insiste en la necesidad de realizar ajustes a la normativa.
Lo que buscan, aseguró su representante, es garantizar seguridad jurídica y transparencia en los procesos.