La reciente reforma al Código Penal y la Ley de Movilidad de Quintana Roo ha generado una fuerte controversia debido a su posible impacto en el derecho a la libre expresión y manifestación.
La iniciativa, promovida por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, fue aprobada por la XVIII Legislatura mediante el Decreto 092, publicado en el Periódico Oficial el 29 de enero de 2025.
Sin embargo, las críticas y preocupaciones de diversas organizaciones y expertos han llevado a la mandataria a instruir la presentación de una nueva reforma para precisar el derecho a la libre manifestación pacífica.
El Artículo 182 y la criminalización de la protesta
El eje central de la polémica es la modificación al Artículo 182 del Código Penal de Quintana Roo, el cual establece sanciones de seis meses a cuatro años de prisión y multas para quienes alteren o bloqueen vías de comunicación o transporte.
La redacción del artículo ha sido criticada por su ambigüedad y por la posibilidad de ser utilizada para reprimir manifestaciones y protestas sociales.
Postura del gobierno y legisladores
Inicialmente, la gobernadora Mara Lezama defendió la reforma argumentando que estaba dirigida exclusivamente a regular la actividad de los transportistas, sin intención de limitar la protesta ciudadana.
No obstante, ante la preocupación pública, la mandataria publicó en redes sociales:
"Derivado de la posibilidad de que la reciente reforma al Código Penal pudiera atentar contra la libre expresión y manifestación de las y los ciudadanos de Quintana Roo... he instruido al Consejero Jurídico para que se presente una reforma ante la legislatura local, en la cual se precise el derecho de libre manifestación pacífica. Somos un gobierno sensible y democrático, y ese será siempre un derecho."
Derivado de la posibilidad de que la reciente reforma al Código Penal pudiera atentar contra la libre expresión y manifestación de las y los ciudadanos de Quintana Roo, y a pesar de que el texto anterior ya consideraba sanciones al respecto, he instruido al Consejero Jurídico…
— Mara Lezama (@MaraLezama) January 31, 2025
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Rechazo de organizaciones y expertos en Derechos Humanos
Diversas organizaciones civiles, como Artículo 19, la Red Feminista Quintanarroense y "Somos Tus Ojos", han denunciado que la reforma es inconstitucional y atenta contra el derecho a la protesta.
Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, advirtió en una entrevista al medio Newsday Caribe que este tipo de disposiciones han sido históricamente utilizadas para criminalizar la protesta social y la cobertura periodística de manifestaciones:
"Hay que recordar que este tipo de delitos han sido utilizados para criminalizar a quienes protestan e incluso a la prensa, cuando documenta actos de represión policial. Resulta preocupante que, en lugar de acotar estos delitos, se amplíen con la posibilidad de afectar a cualquier ciudadano."
Además, enfatizó que sin protocolos claros en fiscalías y supervisión de la actuación policial, la aplicación del Artículo 182 podría derivar en abusos y violaciones a los derechos humanos.