Alexis Moguel Chan, miembro de la asociación Movilidad Inclusiva, denunció que el Congreso del estado simula atender las demandas del sector de personas con discapacidad.
A pesar de que en 2019 se aprobó la creación del Instituto Estatal de la Discapacidad, hasta la fecha no se le ha asignado un presupuesto para su funcionamiento.
Moguel Chan criticó que la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos de Vulnerabilidad de la XVIII Legislatura aprobó la realización de un parlamento para la inclusión de las personas con discapacidad, lo que calificó como una "simulación más" que solo busca justificar gastos sin generar acciones concretas.
Falta de equipamiento y movilidad para personas con discapacidad
"Las personas con discapacidad enfrentamos un caos todos los días por la falta de movilidad, transporte inclusivo, educación adaptada, concientización y adecuación de espacios públicos.
No hay interés real por parte de los diputados en generar acciones con un verdadero impacto social", señaló Moguel Chan.
De acuerdo con la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo, en su artículo 76, el Instituto para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad fue creado el 16 de enero de 2019 como un organismo descentralizado con autonomía técnica y de gestión, adscrito a la Secretaría de Salud.
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Un organismo sin presupuesto ni operatividad
El objetivo de este instituto es coordinar políticas públicas, acciones y programas que garanticen la inclusión en la entidad.
No obstante, hasta la fecha sigue sin operar ni contar con recursos asignados, lo que ha generado cuestionamientos sobre el destino del presupuesto que originalmente se contemplaba para su funcionamiento.
Entre las funciones que debería desempeñar este organismo están la promoción de políticas inclusivas, el apoyo a familias y personas con discapacidad para acceder a servicios básicos, la sensibilización de la sociedad, el fomento a la accesibilidad en espacios públicos y la implementación de programas educativos especializados.
La falta de financiamiento y operatividad del Instituto Estatal de la Discapacidad refleja una omisión en la atención a este sector de la población, lo que mantiene a las personas con discapacidad en condiciones de desigualdad y vulnerabilidad.