Litigio contra Aguakan: respuesta a una Exigencia Social
El Gobierno de Quintana Roo, en voz de la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, reiteró su compromiso con la ciudadanía en el litigio contra la empresa concesionaria de agua potable Aguakan.
Esta acción responde al hartazgo social acumulado durante años debido a deficiencias en el servicio, cobros indebidos y graves irregularidades en el abastecimiento y saneamiento del agua.
Desde el inicio de la actual administración, se han llevado a cabo auditorías técnicas, financieras y operativas, así como muestreos de agua y visitas a plantas de tratamiento.
Estas acciones han revelado irregularidades que han derivado en la presentación de denuncias formales ante las instancias correspondientes.
Irregularidades detectadas y denuncias
Entre los hallazgos más relevantes, se identificó que la concesión otorgada en los años 90 fue prorrogada ilegalmente en 2014 hasta el año 2053, sin cumplir con los procedimientos legales requeridos.
Como resultado, el 16 de mayo de 2024, el Gobierno del Estado presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Tras la investigación, se hallaron elementos suficientes para proceder contra directivos de la empresa DHC por delitos de promoción de conductas ilícitas y manejo irregular de recursos públicos.
El juez federal competente determinó que el proceso de prórroga de la concesión fue ilícito y que los directivos de la empresa obtuvieron ganancias multimillonarias sin que ello se reflejara en la calidad del servicio prestado a la ciudadanía.
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Impacto ambiental y sanitario
Diversos estudios realizados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y expertos en salud revelaron que el agua potable suministrada por Aguakan presenta contaminantes fuera de los límites permitidos por las normas oficiales.
Asimismo, las aguas residuales tratadas por la concesionaria contienen niveles peligrosamente elevados de E.coli y coliformes fecales, representando un riesgo grave para la salud pública y el ecosistema.
Posición del Gobierno ante la empresa DHC
El Gobierno del Estado señaló que en ningún momento ha existido acoso ni acuerdos con la empresa DHC.
La única reunión sostenida con representantes de la empresa fue a petición de la misma y con el objetivo de salvaguardar las inversiones de las Afores y los derechos laborales de los trabajadores.
La administración estatal dejó claro que no aceptará ninguna propuesta de adquisición de Aguakan y que la única vía posible es la terminación de la concesión.
Además, reafirmó que las denuncias presentadas buscan garantizar la legalidad y la transparencia en la gestión del agua en Quintana Roo.
El agua es un derecho, no un negocio
La postura del Gobierno de Quintana Roo es firme: el agua es un derecho humano y no un privilegio, expuso la secretaria de Gobierno.
Como lo ha expresado la primera presidenta de México, el interés público debe prevalecer sobre cualquier interés privado, "nadie por encima ni al margen de la ley. Donde la razón asiste al pueblo, tendrá un Gobierno que lo defienda hasta sus últimas consecuencias."
En los próximos días, se darán a conocer avances sobre los nuevos procesos legales emprendidos en esta lucha por la justicia y el derecho al agua.