El magisterio en paro y la radicalización del movimiento
El Comité Central de Lucha ha desechado los logros que ha obtenido en una causa justa. De un pliego petitorio que no rebasaba una decena de exigencias, de las que el Gobierno de México cumplió la mayoría, ahora ha crecido hasta 39 puntos, todos relativos al orden federal.
Las autoridades en Quintana Roo han sido receptivas y han tratado de establecer alguna fecha para que los maestros regresen a clases, pero las negociaciones, si es que así se le puede llamar a la exigencia, no han prosperado, en este punto se puede afirmar que el Comité Central de Lucha ha fracasado.
Cada vez son más las voces, como la de la Asociación Estatal de Padres de Familia, que reprueban la actitud de los maestros en paro y que exigen que se respeten los derechos de los niños a una educación y se regrese a las aulas.
Y entre los maestros ya hay una fractura que se refleja en escuelas que están retomando las clases, mientras la radicalización de la cúpula magisterial sigue afectando a los estudiantes. ¿Será?
¿Blindaje judicial o razón legal para el amparo de Chanito?
El regidor José Luis Chanito Toledo interpuso un amparo contra el cambio de nombre del municipio de Solidaridad a Playa del Carmen y lo perdió.
El juez federal Ciro Carrera Santiago, titular del Juzgado Noveno de Distrito, aplicó las reformas de la Ley de Amparo y desechó la demanda promovida por Chanito el pasado 27 de marzo.
En un tuit, lo dejó más claro el diputado Hugo Alday Nieto: “Era obvio… la justicia de la Unión no ampara, ni protege necedades”.
Sin embargo, el regidor playense, que le deseó la muerte al legislador Alday Nieto, en una entrevista a un medio local dijo que el juez no realizó un estudio de fondo de su asunto, por lo que ya prepara una impugnación del resolutivo emitido y de pilón adelantó que presentará otra demanda de amparo bajo diversas perspectivas jurídicas. ¿Será?
Encuentran millonarias irregularidades en gestión de Lili Campos
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había señalado irregularidades por el orden de los 80 millones de pesos en la gestión 2022 del Gobierno de Lili Campos Miranda; ahora hace observaciones a la cuenta de 2023, por 90 millones de pesos.
La ASF realizó un análisis de diversos contratos que se realizaron durante ese Gobierno municipal (2021-2024) en alimentos para presos y funcionarios de diversas áreas, así como para la financiación del club de futbol Inter Playa.
La ASF relevó que no se presentó la documentación consistente en las convocatorias de la licitación pública, las actas de presentación de proposiciones, las propuestas económicas de los proveedores ganadores, las constancias de inscripción al padrón de proveedores y las constancias de la opinión de cumplimiento positiva.
Y aún falta lo que arroje la cuenta pública de 2024, año electoral. ¿Será?