El Juzgado Primero de Distrito, con sede en Chetumal, otorgó una segunda suspensión provisional para frenar las obras que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la Laguna de Bacalar, frente al histórico Fuerte de San Felipe.
Esta nueva medida judicial responde a una demanda de amparo promovida por las organizaciones civiles Proyecto Justicia Común (Projuc) y Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano A.C. (DMAS).
Crece la oposición al proyecto por falta de requisitos legales
El desarrollo, identificado como un proyecto hotelero, fue iniciado sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ni realizar una consulta previa a la comunidad, como exige la ley.
Desde marzo, ciudadanos de Bacalar han expresado su rechazo mediante protestas pacíficas. Ahora, con el respaldo de organizaciones civiles, la resistencia ha dado un paso más en el terreno legal.
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Riesgo ambiental y vulneración de derechos
Tanto Projuc como DMAS señalaron que la obra representa un grave riesgo ambiental para la laguna, una joya natural de Quintana Roo.
Además, advirtieron que el proyecto vulnera derechos fundamentales como el acceso a un medio ambiente sano, a la salud y a la participación pública.
El fallo: una medida cautelar que detiene la construcción
El juez federal resolvió detener las obras de inmediato mediante una suspensión provisional dictada el lunes 21 de abril.
Esta fue publicada oficialmente el 22 en los estrados electrónicos del Consejo de la Judicatura Federal.
La decisión permanecerá vigente hasta que se lleve a cabo la audiencia incidental el próximo 28 de abril a las 9:40 horas, donde se definirá si se concede la suspensión definitiva.
Próximas fechas clave
- 28 de abril: Audiencia incidental
- 20 de mayo: Sentencia del juicio de amparo (10:50 horas)
Avance en la defensa ambiental
Las organizaciones celebraron la resolución como un logro para la justicia ambiental y reafirmaron que la ciudadanía tiene el poder de defender su entorno frente a proyectos gubernamentales que no cumplen con la ley.