La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no ejercer su facultad de atracción en el conflicto legal entre el gobierno de Quintana Roo y la empresa Aguakan, dejando el caso en manos de tribunales colegiados.
Esta resolución, publicada el pasado 22 de abril, prolonga la incertidumbre jurídica sobre la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado en cuatro municipios clave del estado.
¿Qué implica la decisión de la SCJN?
Con esta postura, la Corte opta por mantenerse al margen de un tema que ha generado fuerte controversia pública, al desechar tres solicitudes de atracción presentadas por el gobierno estatal encabezado por Mara Lezama.
El máximo tribunal no emitió un posicionamiento de fondo, ni analizó la constitucionalidad de los actos impugnados; simplemente determinó no intervenir.
Este desdén judicial deja en manos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil en la Ciudad de México la resolución de los recursos legales en disputa, entre ellos uno promovido por el gobierno estatal para revertir la suspensión que mantiene viva la concesión de Aguakan.
TE PUEDE INTERESAR: Kiev enfrenta el mayor ataque ruso en meses. Muchos viven de “milagro” (video)
Litigio enredado: amparos, suspensiones y revocaciones
Aguakan también tiene su propia estrategia legal en curso. Además de impugnar fallos previos, la empresa litiga un amparo desde diciembre de 2023 para frenar los efectos del Decreto 195 del Congreso local, que declaraba terminada la concesión.
Aunque en abril de 2024 el Juzgado Octavo de Distrito negó el amparo, al confirmar la legalidad del decreto, la suspensión a favor de Aguakan sigue vigente mientras se resuelve la revisión ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.
Impacto social y político del caso Aguakan
La concesión del servicio de agua en Quintana Roo ha generado rechazo social desde hace años.
Habitantes de Benito Juárez (Cancún), Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos han denunciado abusos, malas prácticas y tarifas elevadas por parte de la empresa.
La presidenta Claudia Sheinbaum, el pasado 26 de febrero, se sumó a las críticas y declaró que “no se puede hacer negocio con el agua”, sugiriendo abiertamente que Aguakan debería entregar la concesión.
Una decisión que esquiva el fondo del problema
La decisión de la SCJN podría interpretarse como una evasión frente a un tema estructural: la privatización del agua y sus consecuencias sociales.
Al no atraer el caso, el Poder Judicial evita sentar un precedente clave sobre el papel del Estado en el control de servicios públicos estratégicos.
Mientras tanto, la ciudadanía sigue a la espera de una resolución definitiva sobre quién debe operar uno de los servicios más sensibles para la vida diaria.