Un juez del Juzgado Primero de Distrito en Quintana Roo otorgó una suspensión provisional para frenar la construcción de una casa de descanso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cerca de la Laguna de Bacalar, también conocida como la Laguna de los Siete Colores.
Esta medida judicial se emitió en respuesta a un amparo promovido por 23 niños y adolescentes del municipio de Bacalar, representados por sus tutores legales, con el acompañamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).
El amparo busca detener obras que podrían poner en riesgo grave el ecosistema local.
¿Por qué se otorgó la suspensión?
El juez argumentó que las actividades constructivas en la zona federal de la laguna podrían causar daños irreversibles al ecosistema, incluyendo flora y fauna de alto valor ambiental, así como al patrimonio cultural de la región.
Además, se señaló que estas acciones violarían derechos fundamentales de las infancias, como el acceso a un medio ambiente sano, al agua, a la salud, y a la participación en temas ambientales. Estos derechos están reconocidos en la Constitución mexicana y en tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú.
TE PUEDE INTERESAR: Clausuran definitivamente Dolphinaris Barceló por maltrato animal
Principios ambientales aplicados
El juez fundamentó su resolución en principios clave del derecho ambiental:
- Principio precautorio
- Principio de no regresión
- Principio in dubio pro natura
Estos principios refuerzan la obligación del Estado de prevenir daños al medio ambiente, incluso ante la incertidumbre científica.
Autoridades vinculadas
La suspensión también obliga a dependencias como SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA, INAH, SEMA, PPA y el Ayuntamiento de Bacalar a realizar inspecciones y evitar cualquier modificación que represente riesgo ambiental o cultural.
La audiencia incidental está programada para el 21 de mayo de 2025, en la cual el juzgado determinará si se mantiene la suspensión de forma definitiva.
El Instituto Federal de Defensoría Pública continuará brindando acompañamiento jurídico a las infancias promoventes, destacando que su actuación busca garantizar el acceso igualitario a la justicia y la restitución de sus derechos humanos.