Lili Campos Miranda.
Lili Campos Miranda, expresidenta municipal de Playa del Carmen. Credit: Esmaragdo Camaz.

Aunque concluyó su mandato como presidenta municipal de Playa del Carmen (antes Solidaridad), Lili Campos Miranda aún enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades financieras que superan los 480 millones de pesos, correspondientes a las cuentas públicas de los años 2021, 2022 y 2023.

Así lo dio a conocer Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del ayuntamiento, quien detalló que, durante el proceso de entrega-recepción, se identificaron al menos 35 expedientes abiertos por posibles faltas administrativas.

Más de 148 mdp bajo lupa en la Cuenta Pública 2023

Una de las observaciones más relevantes corresponde a la Cuenta Pública de 2023, donde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó presuntas inconsistencias que podrían representar un posible daño patrimonial por más de 148 millones de pesos.

“Tenemos expedientes en proceso de integración y otros que aún están bajo investigación. Hay temas importantes por aclarar ante la Federación y también ante las autoridades estatales”, señaló Alcérreca Manzanero en entrevista con medios locales.

Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero. Credit: Especial.

A pesar de los señalamientos, la titular del OIC subrayó que aún no existen resoluciones definitivas en contra de Campos Miranda ni de otros exfuncionarios.

No obstante, los procesos legales siguen su curso y podrían derivar en sanciones administrativas o incluso responsabilidades penales, en caso de confirmarse las irregularidades detectadas.

Contexto y seguimiento institucional

Además de las investigaciones del OIC, las instancias fiscalizadoras del Gobierno del Estado también han emitido observaciones pendientes de solventar. Este cúmulo de presuntos malos manejos apunta a un panorama de opacidad en el uso de recursos públicos durante la pasada administración municipal.

Las autoridades locales han reiterado su compromiso de dar seguimiento conforme a derecho y de garantizar que las anomalías detectadas sean atendidas con rigor institucional.