A casi un año de su creación, el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción de Quintana Roo aún no logra operar a plena capacidad.
Esta situación mantiene en pausa más de 120 expedientes relacionados con presuntos actos de corrupción, principalmente vinculados a exfuncionarios de los gobiernos de Roberto Borge Angulo y Carlos Joaquín González.
La magistrada presidenta del tribunal, Minerva Moreno Cruz, reconoció que aunque ya se han iniciado algunos procedimientos ordinarios en materia administrativa, el órgano todavía carece de los recursos operativos y jurídicos necesarios para garantizar justicia pronta y expedita.
“Estamos en una etapa de integración operativa, pero todavía no funcionamos como un órgano en plenitud”, admitió.
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Tribunal Anticorrupción de Quintana Roo, sin resultados tangibles
Según datos del propio tribunal, ninguno de los expedientes acumulados ha resultado en una sentencia definitiva.
Aunque algunos casos han avanzado a etapas como sustanciación, presentación de pruebas o ejecución de resoluciones, aún no hay condenas firmes. Muchos de estos procedimientos han sido impugnados ante tribunales federales, lo que ha complicado y alargado su resolución.
Esta falta de avances ha contribuido a una percepción creciente de impunidad en la entidad, aunque Moreno Cruz evitó calificar así el desempeño del tribunal:
“No me corresponde a mí determinar si hay impunidad o no. Mi responsabilidad es que los asuntos se resuelvan con la mayor agilidad y legalidad posible”, declaró.
Tecnología a medio camino
Uno de los principales obstáculos para la operatividad del tribunal ha sido la implementación incompleta de su sistema digital de control de casos, que actualmente solo presenta un 50% de avance.
Se espera que esta plataforma esté lista en diciembre, pero su desarrollo ha requerido mayor presupuesto y personal técnico especializado.
La magistrada señaló que, además del componente tecnológico, el tribunal necesita mecanismos alternativos de solución de controversias y personal capacitado para poder atender todas las exigencias establecidas por la Ley General en materia administrativa y anticorrupción.
Análisis: ¿una promesa más sin cumplir?
El caso del Tribunal Anticorrupción en Quintana Roo refleja un patrón preocupante: instituciones creadas para combatir la corrupción que terminan atrapadas en la burocracia, la falta de recursos y la lentitud operativa.
A pesar de la urgencia que representan estos expedientes —muchos relacionados con desvíos millonarios—, el sistema aún no responde con la eficacia prometida.