Protesta de trabajadores de Salud Casa por Casa
Con pancartas en mano, trabajadores del programa federal Salud Casa por Casa se manifestaron pacíficamente frente al Palacio de Gobierno en Chetumal para exigir el pago de sus salarios correspondientes al mes de junio.
Representaban a los 185 brigadistas que laboran en el estado, principalmente en el municipio de Othón P. Blanco.
Siete meses de trabajo, múltiples retrasos
Aunque el banderazo oficial del programa fue el pasado 12 de junio, los brigadistas aseguran que han estado activos desde enero, tras ser seleccionados y capacitados.
Reciben un salario promedio de 17 mil pesos mensuales, pero han tenido que enfrentar irregularidades constantes en los pagos.
“El pago de junio sigue sin llegar. Nos dicen que aguantemos, que ya va a caer, pero no hay claridad. Tomamos la decisión de manifestarnos porque no podemos seguir así”, señaló Adalin Pelayo, trabajadora afectada.
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Gastos esenciales sin cubrir y viáticos autofinanciados
Los brigadistas trabajan en colonias urbanas y comunidades rurales, muchas veces de difícil acceso. Esto implica costos diarios en transporte y alimentación que los trabajadores han tenido que cubrir de su propio bolsillo.
“Nos asignan de tres a seis localidades por persona. Algunos deben desplazarse varios kilómetros. Sin el pago, no podemos continuar”, explicó Luis Antonio Ucan, quien encabezó la manifestación.
Además del salario, los trabajadores señalan que el programa carece de apoyos logísticos mínimos, lo que pone en riesgo la continuidad del servicio y la atención a las poblaciones más vulnerables.
¿En riesgo la atención comunitaria?
Salud Casa Por Casa busca llevar servicios de salud preventiva hasta los hogares, con acciones como encuestas, seguimiento de enfermedades crónicas y promoción de hábitos saludables. Sin embargo, los propios brigadistas advierten que la operatividad está en riesgo si las condiciones laborales no mejoran.
La manifestación se llevó a cabo de forma pacífica, pero los inconformes advirtieron que podrían suspender actividades si no obtienen una respuesta pronta de las autoridades estatales y federales.
“Queremos ser escuchados. No estamos pidiendo nada más allá de lo justo: que se nos pague por el trabajo ya realizado”, concluyeron.