Vecinos de los alrededores del Área Natural Protegida (ANP) Ombligo Verde interpusieron un juicio de amparo ante el Tribunal Superior de Justicia, tras agotar denuncias y peticiones formales por las obras de ampliación de la Catedral de la Santa Cruz, las cuales acusan de provocar daños ambientales y de avanzar sin transparencia ni permisos claros.
Sin justificación oficial por tala de árboles y uso de maquinaria pesada
De acuerdo con la representante legal del colectivo vecinal, Katerine Ender Córdova, el Ayuntamiento de Benito Juárez no ha presentado una justificación adecuada sobre la tala de árboles y el uso de maquinaria pesada, lo que derivó en la denuncia ciudadana.
Pese a solicitudes previas ante autoridades municipales y ambientales, las obras continuaron, lo que llevó a los vecinos a recurrir al recurso de amparo.

Permisos irregulares y posible responsabilidad penal
Los inconformes exigen una revisión de los permisos y licencias otorgadas en 2025, señalando que no existía autorización vigente desde el año 2000.
La reciente regularización, asegura Ender Córdova, podría constituir delitos como comisión por omisión e indebido ejercicio de la función pública, por lo que dependencias como Ecología, Desarrollo Urbano y Profepa deberán responder ante el juez.
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Colocación de mallas y obras fuera de límite autorizado
También se denunció la instalación de mallas que impiden la visibilidad de las obras, lo que se interpreta como un intento de ocultar los impactos ambientales.
Aunque la Catedral no está dentro del polígono del ANP, sí pertenece a predios fraccionados cuando se decretó el área protegida en 2012.
Aunque existe un documento de permuta, esto no exime a la Prelatura de su responsabilidad ambiental, sostienen los vecinos.
Además, se advierte que la construcción ha rebasado los límites autorizados, agravando el daño al ecosistema local.

Exigen Programa de Manejo del Ombligo Verde
El colectivo criticó que, a más de una década de la declaratoria del ANP, las autoridades aún no hayan elaborado ni publicado un Programa de Manejo, lo que deja la zona vulnerable frente a nuevas construcciones.
La demanda incluye una propuesta para blindar las supermanzanas 30, 31 y 32, e incorporar a la protección ambiental los predios colindantes que hoy están fuera del decreto, como medida preventiva ante futuros desarrollos.
Niegan vínculos con “La Jaguara” y continuarán acciones legales
Finalmente, los vecinos informaron que seguirán presentando recursos legales, pues la Profepa afirma que no hay daño ambiental.
También se deslindaron de cualquier declaración pública o privada emitida por Alicia González, conocida como “La Jaguara”, reiterando su compromiso exclusivo con la defensa ecológica del Ombligo Verde.