El fin de los delfinarios en Quintana Roo
En cumplimiento con las recientes reformas a la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), que prohíben el uso de mamíferos marinos en espectáculos fijos o itinerantes, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo anunció una serie de acciones para garantizar la aplicación efectiva de esta legislación.
El titular de la dependencia, Óscar Rébora Aguilera, informó que en conjunto con el Congreso local se establecerán mecanismos más rigurosos de identificación y trazabilidad de delfines, con el fin de evitar suplantaciones tras la muerte de algún ejemplar.
Este esfuerzo cobra mayor relevancia dado que el estado concentra alrededor del 70% de los delfinarios del país.
Se acaba la reproducción en cautiverio
El funcionario estatal señaló que desde hace varios meses trabajan de manera coordinada con expertos y representantes de los centros de mamíferos marinos para implementar un nuevo modelo sin reproducción, compra ni captura de delfines.
Aunque los delfinarios actualmente registrados podrán seguir operando, no podrán reproducir ni incorporar nuevos ejemplares, lo que representa una fecha de caducidad natural para este tipo de establecimientos. Esta medida marca un parteaguas en el manejo de fauna marina en México.
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Bienestar animal, por encima de prácticas comerciales
“Los mamíferos marinos no deben vivir en albercas. Son fauna silvestre y deben estar en su hábitat natural”, expresó.
Rébora Aguilera reiteró su respaldo a la reforma y advirtió que se pondrá especial atención en los protocolos de manejo que deberá tener esta última generación de delfines en cautiverio.
Las reformas también establecen que ningún mamífero marino podrá ser objeto de aprovechamiento extractivo, salvo en casos de investigación científica con fines de conservación.
Industria cuestiona el impacto por cierre de delfinarios
En contraste, la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos (Amhmar) manifestó su rechazo a la reforma.
Argumentan que la medida no solo tiene implicaciones ambientales, sino también económicas, al poner en riesgo más de 14 mil empleos directos e indirectos.
Este sector atrae anualmente a más de 3 millones de visitantes, y sus empresas han invertido más de 4 mil millones de pesos en tecnología e infraestructura.
Además, genera una derrama económica superior a los 2 mil 960 millones de pesos, incluyendo comisiones a agencias de viaje por 850 millones de pesos al año.