Durante la presentación de resultados preliminares del programa Vida Saludable, desarrollado por el IMSS y la Secretaría de Educación Pública (SEP), se reveló una preocupante realidad: Quintana Roo ocupa el segundo lugar nacional en obesidad infantil.
El estado enfrenta serios rezagos en la implementación de medidas para mejorar la alimentación escolar.
Ello, pese a que ya se ha evaluado a cerca de cuatro millones de estudiantes en más de 27 mil planteles del país.
Fracaso parcial en la aplicación del programa en la Península de Yucatán
El director del IMSS, Zoé Robledo, reconoció que, aunque a nivel nacional el 86% de las escuelas ha eliminado alimentos con sellos de advertencia y el 80% ofrece agua sin azúcar, en estados del sureste —especialmente Campeche, Yucatán y Quintana Roo— el avance es limitado.
En Quintana Roo, el 65% de las escuelas continúa vendiendo refrescos y el 82.7% ofrece productos ultraprocesados, pese a que su venta está prohibida oficialmente desde marzo de 2025.
Además, más de la mitad de los planteles no proporciona frutas ni verduras, lo que disminuye el impacto del programa en la salud estudiantil.

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Brechas entre la política pública y la realidad escolar
Durante la jornada nacional —realizada del 12 de marzo al 16 de julio— se incluyeron revisiones visuales, detección de caries, aplicación de flúor y recomendaciones sobre higiene y actividad física.
Toda esta información se integró en un expediente digital de salud escolar, compartido con madres y padres de familia por diversos medios.
A pesar de estos esfuerzos, el secretario de Educación, Mario Delgado, subrayó la importancia de que los tutores acudan con sus hijos a especialistas en nutrición, odontología o salud visual.
Infraestructura precaria y prácticas alimenticias nocivas
Uno de los datos más alarmantes del informe es que solo el 20.7% de las escuelas de Quintana Roo cuenta con acceso a agua potable.
Esto obliga a muchos estudiantes a consumir bebidas azucaradas como única alternativa. Durante el ciclo escolar 2024-2025, se documentaron 1,038 reportes sobre la venta de alimentos en 337 planteles de la entidad.
Aunque el 70% del personal que prepara o vende alimentos ya cuenta con certificación, persisten deficiencias en el cumplimiento de las normas, lo que refleja una brecha profunda entre las políticas federales y su aplicación real en escuelas del sureste mexicano.
Revisión de estrategias: una urgencia nacional
Frente a este panorama, las autoridades federales anunciaron que los resultados del programa serán utilizados para ajustar las estrategias de salud y educación, con un enfoque especial en las entidades más rezagadas, como Quintana Roo.