Alerta por venta ilegal de tierras nacionales en Playa del Carmen

La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) confirmó que más de 400 hectáreas de tierras nacionales están siendo fraccionadas ilegalmente en Playa del Carmen, a un costado de la carretera federal.

Según las autoridades, este intento de comercialización irregular constituye un delito federal con graves implicaciones ambientales y urbanísticas.

Alertan sobre fraude inmobiliario con tierras sin permisos

El titular de la Sedetus, José Alberto Alonso Ovando, advirtió que quienes están detrás de esta operación no cuentan con permisos de uso de suelo.

Tampoco tienen autorizaciones ambientales, por lo que además de defraudar a compradores, comprometen el desarrollo ordenado de la ciudad.

De acuerdo con reportes ciudadanos y estatales, el promotor del proyecto sería Julián Cano Novelo, conocido por liderar ocupaciones irregulares en el pasado.

Esta nueva colonia, supuestamente llamada “Colonia Julián Cano Novelo”, estaría siendo ofrecida como un asentamiento para personas de escasos recursos, sin respaldo jurídico alguno.

José Alberto Alonso Ovando.
José Alberto Alonso Ovando, titular de la Sedetus. Credit: Especial.

Reincidencia y antecedentes del caso en Playa del Carmen

La situación actual recuerda un episodio ocurrido en 2015, cuando Cano Novelo fue vinculado con la ocupación de predios cercanos a la colonia In House, donde promovió la llamada “Colonia Roberto Borge” poco después de salir de prisión.

Ahora, nuevamente sin permisos oficiales, estaría intentando replicar este modelo de invasión.

Esto ha encendido las alertas entre autoridades y ciudadanos por un posible fraude inmobiliario.

Llamado a la población y posible intervención federal

La Sedetus reiteró que estas tierras son propiedad de la nación, por lo que cualquier intento de venta representa un acto ilegal y un riesgo para quienes pretendan adquirirlas.

Aunque no se ha presentado una denuncia formal, se prevé la intervención de instancias estatales y federales.

Entre estas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ante el posible daño ambiental.

La preocupación crece entre diversos sectores por el riesgo de desalojo que enfrentarían las personas engañadas, así como por el impacto de estas prácticas en la planeación y desarrollo urbano de Playa del Carmen.