Pide DD. HH. no revictimizar a víctimas de violencia sexual
La subsecretaria de Derechos Humanos de Quintana Roo, Mary Hadad Castillo, afirmó que la responsabilidad en casos de violencia sexual recae en los agresores y no en las víctimas.
Lo anterior, en relación al caso de presunto abuso sexual contra una menor en Cozumel, cometido por un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
“La exposición pública de información que pueda identificar a las víctimas agravan el daño. Es fundamental evitar la revictimización, sobre todo cuando se trata de niñas y niños”, precisó.
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Condena a la explotación infantil
Recordó además que, por ley, cuando un servidor público incurre en este tipo de conductas, las sanciones pueden incrementarse hasta en un 50 por ciento.
Hadad Castillo dijo que la gobernadora Mara Lezama ha sido enfática en condenar la explotación infantil.
Asimismo, impulsa campañas para visibilizar este flagelo como una forma de trata de personas.
“Este es un llamado urgente a las autoridades para reforzar la protección de la niñez. No se trata solo de niñas y niños vendiendo en las calles, sino de un problema de explotación que debe sancionarse”.
Sobre las declaraciones del alcalde
En Cozumel, el alcalde José Luis Chacón Méndez, cuestionó: “¿Qué hace una niña vendiendo dulces en la noche?”.
Al respecto, Mary Hadad Castillo consideró que es necesario exigir justicia y evitar la revictimización y omisión de responsabilidades institucionales.
Menores que trabajan en la vía pública
El caso ha conmocionado a la población de Cozumel y ha evidenciado la falta de acciones de la Comisión Interinstitucional para Prevenir el Trabajo Infantil.
Esto, debido a que el alcalde, en una entrevista reconoció la presencia de menores que trabajan en las calles de la isla durante la noche.
Abuso sexual contra menor, investigación de oficio
La Fiscalía General del Estado informó que el delito sexual cometido contra la menor es investigado de oficio, al tratarse de una víctima menor de edad.
Actualmente avanza en la integración de pruebas para la vinculación a proceso del soldado detenido, mientras que las declaraciones del alcalde podrían derivar en sanciones administrativas o legales si la familia de la víctima decide proceder.