El gobierno propone reforma a la Ley de Amparo
El gobierno federal entregó al Senado una iniciativa para reformar la Ley de Amparo y diversas leyes secundarias. El objetivo oficial es agilizar la impartición de justicia y reducir lo que consideran un uso excesivo del recurso por parte de particulares y empresas.
La propuesta forma parte del segundo paquete legislativo derivado de la reforma constitucional al Poder Judicial. Sin embargo, toca un punto delicado: el juicio de amparo, considerado la principal defensa de los ciudadanos frente a actos de autoridad, lo que ha generado preocupación entre distintos sectores.
Empresarios advierten riesgos en la reforma
En Quintana Roo, la Coparmex manifestó su rechazo a cambios propuestos y pidió mantener el amparo como garantía de seguridad jurídica.
María Jovita Portillo Navarro, representante del organismo en la entidad, aseguró que la reforma representa un retroceso histórico que dejaría a ciudadanos y empresas más vulnerables frente a actos arbitrarios del poder.
Advirtió que, en un estado cuya economía depende de la confianza en las instituciones, la reforma podría afectar directamente la inversión, el empleo y la estabilidad económica.
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Limitación de efectos colectivos y mayor concentración de poder
La iniciativa plantea que solo quienes acrediten una afectación directa puedan promover un amparo, eliminando la posibilidad de casos de interés colectivo. Esto transformaría al amparo de un mecanismo con efectos sociales en un recurso individual, debilitando la protección de grupos ciudadanos, emprendedores y empresas.
También se restringe la suspensión de actos de autoridad, recurso que evita daños irreparables mientras se resuelve un juicio, lo que podría exponer a la población a decisiones aplicables de inmediato y sin control judicial.
Impacto en materia fiscal
La reforma incluye cambios al Código Fiscal de la Federación, otorgando al SAT mayores facultades:
- Ampliación en la suspensión de certificados.
- Ejecución inmediata de créditos fiscales.
- Endurecimiento de plazos de cumplimiento.
Para las empresas, esto implica un mayor riesgo de cobros prematuros, afectación en operaciones y posibles pérdidas de empleo, lo que impactaría directamente en la economía nacional.
Un debate que marcará la agenda política
En el Congreso, la discusión girará en torno al equilibrio entre eficiencia judicial y protección de derechos humanos. Mientras el gobierno sostiene que los cambios permitirán desahogar expedientes y evitar retrasos, críticos alertan que podrían limitar el acceso a la justicia y abrir espacio a la concentración de poder en el Ejecutivo.
El Senado será el encargado de analizar el alcance, impacto y ajustes de la iniciativa antes de que pueda convertirse en ley, en un debate que sin duda marcará la agenda política de los próximos meses.