A raíz de esta experiencia, la Agepro reforzó los mecanismos de control legal y transparencia en la gestión de tierras del Estado. Credit: Quadratin.

La Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (Agepro) recuperó más de 300 hectáreas de terrenos propiedad del Estado, vendidos de forma irregular durante el sexenio del exgobernador Roberto Borge Angulo, con un valor comercial superior a mil millones de pesos (mdp).

De acuerdo con el titular del organismo, Carlos Flores Hidalgo, los predios ya están nuevamente bajo posesión del Gobierno del Estado, tras tres años de trabajo técnico, jurídico y de auditorías internas emprendidos durante la administración de la gobernadora Mara Lezama Espinosa.


Terrenos vendidos a allegados del exmandatario

Los terrenos, ubicados principalmente en los municipios de Othón P. Blanco y Solidaridad, fueron adjudicados a familiares y socios cercanos a Borge a precios muy por debajo del valor real de mercado.

“Ya hay denuncias penales correspondientes, incluso a nivel federal, ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE), además del seguimiento de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción”, afirmó Flores Hidalgo.

El funcionario explicó que al menos seis exfuncionarios del gobierno borgista están involucrados directamente en las operaciones fraudulentas, junto con varios particulares beneficiados. Aunque los nombres permanecen reservados, las carpetas de investigación continúan abiertas.

Imagen de: Quadratin.

Predios con alto valor turístico y uso público

Los predios recuperados —muchos con alta plusvalía turística— serán destinados a infraestructura pública de salud y seguridad, con el objetivo de resarcir el daño patrimonial y garantizar que los bienes públicos se usen en beneficio de las y los quintanarroenses.

“Hoy hay un marco normativo sólido que impide la discrecionalidad en la administración del patrimonio público”, subrayó Flores Hidalgo.

Fortalecen control sobre el patrimonio estatal

A raíz de esta experiencia, la Agepro reforzó los mecanismos de control legal y transparencia en la gestión de tierras del Estado. El organismo mantiene abierta la revisión de expedientes históricos para evitar que se repitan irregularidades similares.