Solo tres de las 14 playas públicas originales mantienen acceso libre al mar
El acceso al mar, uno de los derechos más emblemáticos del Caribe Mexicano, se ha convertido en un privilegio. De las 14 playas públicas proyectadas en el Plan Maestro de Cancún de 1982, hoy únicamente tres conservan acceso libre: Playa del Niño, Playa Delfines y Playa Coral. El resto fue absorbido por desarrollos turísticos y privados, lo que representa una pérdida del 91% de los arenales originalmente destinados al disfrute ciudadano.

Del acceso libre al cerco inmobiliario
El Plan Maestro de 1982, impulsado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), establecía que 300 mil metros cuadrados de lotes costeros se reservarían como playas públicas.
Sin embargo, actualmente menos de ocho mil metros cuadrados permanecen sin restricciones de acceso, según documenta la organización Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS).
Los Planes de Desarrollo Urbano (PDU) municipales de 2014, 2018 y 2022 modificaron el uso de suelo de varias zonas costeras. En lugar de conservar la categoría de “Playa Pública (PP)”, se reclasificaron bajo conceptos ambiguos como “Servicios de Playa (SP)”, lo que permitió la entrega de permisos a hoteles y concesionarios.
“Ese cambio es el primer paso del robo de una playa pública”, advierte DMAS en su más reciente informe.
TE PUEDE INTERESAR: Aumentan embarcaciones irregulares en el Parque Marino
Playas históricas convertidas en espacios privados
Una revisión de documentos obtenidos por DMAS a través de la Plataforma Nacional de Transparencia revela que Playa Langosta, Playa Las Perlas y Playa Tortugas fueron entregadas al municipio de Benito Juárez como playas públicas con equipamiento urbano.
Sin embargo, en los planes de desarrollo aparecen ahora bajo la figura de “Servicios de Playa”, restringiendo su acceso.
Casos emblemáticos, como Playa Linda, muestran cómo el cambio de uso de suelo derivó en privatización: el terreno fue vendido en 1990 y convertido en el Teatro Cancún y el muelle Playa Linda, donde actualmente opera el tour privado del barco pirata Jolly Rogers.
“La ciudadanía perdió su playa y hoy debe pagar para acceder a lo que antes era un espacio libre”, señalan las investigadoras Christine McCoy Cador y Ana Pricila Sosa Ferreira, de la Universidad del Caribe.

Erosión urbana: las playas se achican
Las investigadoras también documentan una reducción progresiva en la superficie de los lotes costeros. Playa Ballenas, que originalmente contaba con 34 mil m², fue subdividida hasta quedar con apenas 2 mil 240 m² de acceso público.
En ese espacio se levantó el hotel Secrets The Vine, cerrando la antigua “ventana al mar”.
Playa Caracol, por su parte, fue concesionada parcialmente a empresas turísticas como Xcaret S.A. y Pretotur S.A. de C.V., limitando su uso ciudadano.
Playa Delfines: el último bastión ciudadano
Playa Delfines, conocida por su icónico mirador con el letrero de “Cancún”, es la única playa que conserva su carácter plenamente público.
Aun así, su extensión también ha disminuido: de 22 mil m² en 2009 pasó a 6,972 m² en 2015.
En abril de 2024, el Juzgado Segundo de Distrito invalidó los permisos de construcción del hotel Gran Solaris, ordenando que el lote 52-01 recuperara su uso de conservación ambiental dentro del Área Natural Protegida de Playa Delfines.
El fallo marcó un precedente judicial en defensa del espacio costero público.

Llamado a restituir las playas públicas
Tras una nueva revisión de documentos de Fonatur, DMAS identificó que Langosta, Las Perlas y Tortugas aún pueden ser restituidas como playas públicas, pues fueron originalmente clasificadas como equipamiento urbano.
Las organizaciones exigen que el nuevo Plan de Desarrollo Urbano 2026 las reincorpore bajo la categoría “Playa Pública”, conforme a la Ley de Asentamientos Humanos y la Ley General de Bienes Nacionales, que garantizan el libre acceso y tránsito en las zonas costeras.
“Las playas son patrimonio de todos los mexicanos. Su privatización no solo vulnera el derecho al acceso al mar, sino también la identidad y el equilibrio ambiental del Caribe Mexicano”, concluye el informe de DMAS.