Exigen garantizar acceso ciudadano a playas públicas
La falta de acción de las autoridades ha dejado a los ciudadanos sin acceso pleno a las playas y estacionamientos públicos de Cancún, denunció Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (GEMA).
“La ley establece que las playas son un bien público, pero las autoridades no cumplen con garantizarlo”, afirmó, al pedir a la Semarnat y al Ayuntamiento de Benito Juárez hacer cumplir la normativa y aplicar las recientes modificaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que buscan asegurar el acceso libre a las costas.
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Riesgo de privatización en playas históricas
La denuncia se suma al llamado de la organización Derecho al Medio Ambiente Sano (DMAS), que advirtió que playas históricamente públicas como Las Perlas, Langosta, Tortugas y Marlín podrían enfrentar procesos de privatización de facto debido a los nuevos Programas de Desarrollo Urbano (PDU).
Según DMAS, estos instrumentos asignan a dichas zonas usos de “servicios turísticos”, lo que podría restringir el acceso ciudadano y beneficiar a intereses privados.
“Un ejemplo claro es Playa Langosta, donde aunque se permite el acceso, se cobran tarifas de estacionamiento administradas por particulares ajenos al municipio”, denunció Domínguez Rodríguez.
Espacios controlados por particulares
La activista también mencionó el caso de Playa Caracol, donde una parte del espacio está concesionada a Grupo Xcaret, permitiendo el acceso al mar, pero no al estacionamiento, que opera bajo control privado con cobro de servicio.
“Desafortunadamente Fonatur terminó entregando a la iniciativa privada terrenos que eran propiedad de la nación, entre ellos playas que en el plan maestro estaban designadas como públicas”, señaló.
De 14 accesos originales, quedan pocos libres
Domínguez recordó que Cancún contaba con 14 accesos a playa, pero con el paso de los años muchos fueron cedidos a empresas particulares, reduciendo significativamente los espacios públicos.
“La ciudadanía debe hacer valer la ley, y las autoridades garantizar que las playas clasificadas como de ‘servicios turísticos’ vuelvan a ser realmente públicas”, concluyó.