Más de 25 denuncias por construcciones ilegales en ANP de Quintana Roo
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) reportó que en los últimos dos años se han presentado más de 25 denuncias por construcciones irregulares dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP) en la Riviera Maya y Holbox. Los casos se encuentran en procedimiento ante la Profepa y la Fiscalía General del Estado, debido a que los proyectos se levantan sin cumplir la normatividad ambiental.
“Hay muchas Manifestaciones de Impacto Ambiental que se están revisando; la gran mayoría han sido negadas porque no reúnen los requisitos de protección y aprovechamiento”, explicó Juan Carlos Romero Gil, director regional de Conanp para la Península de Yucatán y el Mar Caribe.
Acciones de compensación ecológica y coordinación con autoridades
La Conanp trabaja en compensaciones ecológicas, como restauración de dunas, reforestación y recuperación de pastos marinos, para mitigar los daños del desarrollo desordenado. Además, existe coordinación con el Gobierno de Quintana Roo, lo que ha permitido identificar más irregularidades vinculadas a permisos de expansión inmobiliaria y obras paralelas.
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Impacto de incendios y presiones inmobiliarias en Holbox
Romero Gil también se refirió al incendio forestal en Holbox, que consumió 670 hectáreas fuera de temporada en la zona de Punta Mosquito-La Ensenada, dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam. Aunque la causa oficial fue natural, ambientalistas advierten que el fuego podría estar relacionado con presiones inmobiliarias sobre la Isla Grande.
El incendio provocó fragmentación del ecosistema, desplazamiento de fauna y pérdida de manglares esenciales para la protección costera y el control de la erosión. Actualmente se aplica un seguro ambiental para financiar la restauración y recuperación de la zona.
Impunidad y sanciones previstas por la ley
Organizaciones ambientalistas como Cemda, GEMA, Grupo Tortuguero del Caribe, Amigos de Sian Ka’an, Centinelas del Agua y Casa Wayuu señalan que el crecimiento inmobiliario en áreas protegidas es un patrón recurrente que avanza con impunidad.
La LGEEPA establece sanciones de 30 a 50 mil días de salario mínimo, clausura parcial o total de obras y multas adicionales por demora en cumplir correcciones. También se contemplan sanciones penales por daños a humedales, manglares, esteros o lagunas, con penas de 2 a 10 años de prisión y multas de 300 a 3 mil días de salario.
En Quintana Roo, los desarrollos en manglar podrían recibir multas millonarias, además de clausura, retiro de estructuras y rehabilitación ambiental obligatoria.